El Cabildo de Fuerteventura mostró ayer su total apoyo a las reivindicaciones planteadas por la escudería Maxosport, deportistas y aficionados del motor tras una reunión en la que el presidente insular, Sergio Lloret, expresó su apoyo al colectivo del automovilismo y se sumó a la búsqueda de soluciones que permitan la celebración de las próximas pruebas previstas en el calendario automovilístico. Todas las rutas afectadas por la ordenanza “corren peligro” tras la suspensión cautelar del acuerdo plenario que aprobó el cambio de la ordenanza reguladora de la red de rutas en el medio natural, y que regula la circulación de quads, buggies, motos de trial, enduro, cross y vehículos de naturaleza similar en los espacios naturales protegidos incluidos en la Red Natura 2000, especialmente las Zonas de Especial Protección para las Aves (Zepa).

Esta suspensión cautelar dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias tras una impugnación presentada en la Sala Segunda por parte de la Viceconsejería de Planificación Territorial del Gobierno de Canarias pone en peligro la celebración del Slalom de Las Salinas del Carmen, programado para el 30 de julio, el Rally de Antigua, a finales de agosto, además de otras competiciones fijadas para después del verano, como el Rally de La Oliva.

Sergio Lloret coincidió con el responsable de la Federación de Automovilismo de Las Palmas, Miguel Ángel Domínguez, y con Miguel Ángel Guerra, presidente de la Escudería Maxo Sport, en la necesidad de alcanzar acuerdos con el Gobierno de Canarias “porque la única solución posible ahora es que se retire el contencioso”, algo que trasladarán a los responsables en materia de Planificación Territorial del ejecutivo regional en una reunión que mantendrán durante el día de hoy.

Lloret también insistió en que la celebración de estas pruebas “no tiene porqué generar inseguridad ambiental, ya que cada prueba cuenta con sus propias evaluaciones y estudios medioambientales”. Al contrario, considera que con esta suspensión del reglamento, ahora mismo “no existe limitación para estos vehículos entren en esas zonas protegidas”.

Por último, el presidente del Cabildo de Fuerteventura se comprometió a que se “inicie un nuevo procedimiento, sin entrar en discusión con el Gobierno de Canarias, con la misma modificación de la ordenanza pero sometiéndola evaluación ambiental, si eso es lo que genera el consenso administrativo entre las dos administraciones, pero que se retire el contencioso y que durante esta temporada siga vigente la ordenanza que tenemos para que se lleven a cabo las pruebas previstas en el calendario”, afirmó.

La reunión contó con la participación de Lola García, consejera Hacienda y Medioambiente; y Claudio Gutiérrez, consejero de Deportes y Caza.

Gutiérrez, puso de manifiesto todas las dificultades con las que tienen que lidiar en la organización de cada evento tanto las escuderías como los pilotos y, en general, los aficionados al mundo del rally y señaló que “al Gobierno de Canarias parece que solo le interesa poner más piedras bajo las ruedas de los amantes del automovilismo, en vez de buscar soluciones”. Gutiérrez destacó que “organizar un rally es una tarea compleja por todo lo que conlleva en cada uno de los preparativos: desde garantizar la seguridad de los pilotos y los aficionados que se concentran en torno a cada prueba, hasta la comprobación del estado y trazado de la pista al más mínimo detalle o el traslado de un punto a otro de los vehículos que van a competir”. Por ello no entiende que “si esta disciplina ya cuida y cumple con todos los parámetros que se les exigen, ahora tenga que venir el Gobierno canario a poner nuevas restricciones”, motivo por el que Gutiérrez aseguró que “desde el Cabildo seguiremos trabajando para que se puedan celebrar las diferentes pruebas que están programadas en la presente temporada”.

La vicepresidenta primera, Lola García, indicó que «esta es una ordenanza prioritaria para regular regular esta actividad, atendiendo siempre a los pertinentes informes medioambientales». «La modificación de la ordenanza fue sometida además a un periodo de exposición pública, persiguiendo siempre la coordinación entre administraciones y los agentes implicados», añadió García.