Canarias ha vuelto a exigir al Gobierno central una actuación clara y efectiva ante la llegada de menores migrantes no acompañados. La consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, denunció que la falta de redistribución entre comunidades vulnera la legalidad vigente y sobrecarga el sistema de acogida insular. Canarias exige al Estado un compromiso real con los menores migrantes no acompañados.
Recursos desbordados y riesgo para los menores
Delgado explicó que los recursos disponibles están al límite. Ya no hay más centros ni personal para garantizar una atención adecuada. Esta saturación afecta de forma directa al bienestar físico y emocional de los menores que llegan solos a territorio canario.
Desde el Parlamento, la consejera pidió que otras regiones asuman su parte de responsabilidad. Recordó que no se trata de un problema local, sino de un asunto estatal y europeo.
Exigen voluntad política
La diputada nacionalista Jana González criticó que los menores siguen esperando un protocolo de redistribución que nunca se activa. Para ella, esto demuestra una clara falta de voluntad política. Solo las advertencias judiciales han obligado al Estado a moverse, aunque de forma insuficiente.
Los grupos que apoyan al Gobierno regional coincidieron en que la justicia ha sido la única vía para forzar avances. También subrayaron que garantizar los derechos de la infancia no debería depender de la presión de los tribunales.
Debate político encendido
El grupo socialista defendió el papel del presidente del Gobierno y del ministro de Política Territorial. Según su portavoz, las recientes modificaciones legales son fruto de su compromiso con Canarias.
En contraste, Vox acusó a las autoridades de utilizar la ley para mantener a los menores lejos de sus familias. Sus palabras generaron rechazo entre el resto de partidos.
Una solución compartida
El Archipiélago ha acogido a miles de menores en los últimos años. Ahora, reclama que esa responsabilidad sea compartida por todas las comunidades autónomas. Para el Ejecutivo canario, es urgente actuar con responsabilidad, empatía y coordinación. Solo así se podrá garantizar el interés superior de los menores. Canarias exige al Estado un compromiso real con los menores migrantes no acompañados.