El presidente canario, Fernando Clavijo, y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, sellaron este martes un acuerdo para movilizar unos 400 millones de euros destinados a la reconstrucción de La Palma, la atención a menores migrantes no acompañados, actuaciones del ciclo integral del agua, el apoyo al sector primario, así como recursos para plan de empleo y fondos contra la pobreza. El desembolso, según ambas partes, deberá producirse antes de que termine 2025. El anuncio llega tras meses con partidas «atascadas», en palabras del propio Clavijo, y sin un calendario de pagos cerrado por parte del Gobierno central.

Una promesa con condiciones

El propio presidente autonómico admitió que Hacienda todavía debe concretar la vía legal para poner en marcha las medidas: decreto por urgencia o Proyecto de Ley de lectura única, opción que requeriría impulso parlamentario de PSOE y Coalición Canaria. Los gabinetes de ambos ejecutivos se emplazaron a definir el mecanismo «para garantizar que entren en vigor antes de que acabe 2025».

Esa coletilla -«antes de que termine 2025»- subraya el principal flanco débil del acuerdo, que no fija hitos intermedios, deja el grueso del cumplimiento sujeto a trámites políticos y capacidad de ejecución del Estado. Tras el «impulso» confesado por Clavijo, Montero reconoce la existencia de fondos bloqueados, pero no compromete un cronograma detallado de transferencias. El resultado es un anuncio voluminoso en cifras que descansa en un procedimiento aún por decidir.

La referencia al 60% de rebaja del IRPF en La Palma y a los 100 millones de este ejercicio -más otros 100 del anterior- evidencia demoras que el Ejecutivo central deberá resolver con rapidez si pretende cumplir sus propios plazos. La isla arrastra necesidades de reconstrucción y dinamización económica que no admiten más dilaciones. Cada semana sin norma aprobada y sin orden de pago es tiempo perdido para familias, autónomos y pymes.

Migración

La llegada de menores no acompañados ha tensionado acogida, educación y protección en Canarias. Los 50 millones anunciados para 2025 son un primer paso, pero no cubren por sí solos un fenómeno que exige financiación estable y corresponsabilidad estatal. La cifra, además, llega tarde, cuando la comunidad autónoma lleva meses reclamando una respuesta presupuestaria proporcionada a la realidad del archipiélago.

Agua y campo

Los 20 millones para obras hidráulicas y los 21 para el sector primario son importes acotados frente a déficits estructurales que Canarias sufre desde hace años. Su utilidad dependerá de proyectos licitados a tiempo, transferencias sin cuellos de botella y coordinación interadministrativa. El acuerdo reconoce necesidades, pero no despeja dudas sobre la velocidad de ejecución.

Clavijo describió la reunión como «positiva» -como siempre- y agradeció el impulso político de Montero a partidas «que estaban ahí, atascadas». Pero, sin fechas claras ni instrumento legislativo elegido, el Ejecutivo central traslada la responsabilidad al terreno técnico y al arbitraje del Congreso.