COMUNICADO DE LA FAMILIA AFECTADA

Les escribo porque necesitamos su ayuda para intentar evitar un daño que, si se produce el próximo 26 de agosto, será absolutamente irreversible: la demolición de la casa de mi madre, Pascuala Roger Pérez, en Cueva de la Negra, Pájara (Fuerteventura).

Antes de hablarles de expedientes, leyes o administraciones, quiero recordarles qué es lo que se pretende derribar. Cueva de la Negra no es simplemente el nombre de una cueva ni una denominación turística moderna. Históricamente fue un pequeño caserío y asentamiento costero de Jandía, donde vivieron familias vinculadas al mar, a la pesca y al marisqueo.

La casa de mi madre fue construida por mi bisabuelo hace más de un siglo, muchas décadas antes de la actual Ley de Costas de 1988. Forma parte de la historia de Cueva de la Negra y de la memoria de varias generaciones de nuestra familia. Allí hubo familias, hubo vida y hubo niños. Nosotros mismos vivimos allí durante una temporada cuando éramos pequeños y una guagua nos llevaba desde Cueva de la
Negra hasta Morro Jable para ir al colegio.

Además, es la única vivienda que permanece en pie como testimonio material de que Cueva de la Negra tuvo entidad como núcleo habitado. Su desaparición no supondría únicamente la pérdida de una casa familiar, sino también la desaparición del último testimonio construido que permanece de aquel antiguo asentamiento costero.

Por eso me cuesta entender que en Fuerteventura hablemos constantemente —y con razón— de defender nuestro patrimonio histórico, etnográfico y nuestra identidad majorera, pero no nos detengamos siquiera a estudiar qué estamos destruyendo antesde hacerlo desaparecer para siempre.

Hemos visto cómo en Isla de Lobos se ha defendido el valor etnográfico e histórico de las viviendas del Puertito por su vinculación con las familias de pescadores y su presencia histórica.

Entonces me pregunto: ¿por qué la memoria de los antiguos pescadores y sus viviendas merece protección y estudio en unos lugares de Fuerteventura y en Cueva de la Negra ni siquiera merece que esperemos antes de demoler? No afirmamos que la casa tenga una declaración formal de Bien de Interés Cultural. Pedimos algo mucho más elemental: que antes de destruir definitivamente una vivienda de más de un siglo, levantada muchas décadas antes de la Ley de Costas de 1988 y último testimonio construido de aquel asentamiento, se valore su antigüedad, su historia y su posible interés etnográfico como parte de la memoria costera de Fuerteventura.

Y PRECISAMENTE AHORA EXISTEN RAZONES EXTRAORDINARIAS PARA ESPERAR

El Parlamento de Canarias se ha pronunciado para buscar una solución a los núcleos costeros tradicionales afectados por la Ley de Costas, con un acuerdo cuyo punto principal fue aprobado por unanimidad: 66 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.

En las Cortes Generales existen además iniciativas que plantean expresamente una moratoria y la paralización de los derribos mientras se tramita una solución legislativa.

Y AQUÍ QUIERO QUE SE FIJEN ESPECIALMENTE EN LAS FECHAS: 15 DE JULIO DE 2026: nuestro abogado, José Luis Langa González, presidente de la plataforma que defiende a los afectados por la Ley de Costas en Canarias, presentó ante la Demarcación de Costas de Canarias del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico —Dirección General de la Costa y el Mar— una solicitud de SUSPENSIÓN CAUTELAR DEL DERRIBO y MORATORIA ADMINISTRATIVA de la casa de mi madre, mientras culmina la tramitación de la
reforma legislativa.

Nuestra petición era sencilla: ¡ESPEREN! No produzcan un daño irreversible mientras las propias instituciones están intentando encontrar una solución. 12 DE AGOSTO DE 2026: apenas 28 días después, y sin haber resuelto previamente nuestra solicitud de suspensión, la Demarcación de Costas de Canarias comunica el señalamiento de la demolición de la casa de mi madre para el 26 de agosto, notificación recibida por el despacho el día 13.

15 de julio: pedimos formalmente que suspendan el derribo.
12 de agosto: sin resolver esa suspensión, se comunica la demolición.
26 de agosto: pretenden ejecutarla.

Todo en apenas unas semanas.

Ante esta situación, nuestro abogado presentó un nuevo escrito el 14 de agosto reiterando la suspensión y reclamando un pronunciamiento expreso y urgente, advirtiendo de la indefensión y del daño de imposible reparación que se producuría si la vivienda fuera demolida.

Y la diferencia de tratamiento no es una impresión nuestra. El propio letrado ha hecho público que, en casos similares de Punta Larga y El Faro, respecto de solicitudes de suspensión cautelar y moratoria mientras culmina la reforma legislativa, el Servicio de Costas ha requerido a los interesados para subsanar sus escritos en un plazo de diez días, entrando en la tramitación del fondo de esas solicitudes.

Sin embargo, no se ha actuado de la misma forma con Pascuala Roger Pérez. De los casos comparables conocidos por nuestro abogado, la casa de mi madre es la única a la que se le ha señalado fecha de demolición.

Y por eso la pregunta es inevitable: ¿POR QUÉ LA CASA DE MI MADRE SÍ?
¿Por qué las demás solicitudes se tramitan y la de Pascuala Roger Pérez, presentada el 15 de julio, recibe como respuesta práctica, menos de un mes después y sin haberse resuelto, una comunicación de derribo?

¿Por qué no resolver primero la suspensión solicitada? ¿Qué extraordinaria urgencia existe ahora para destruir una vivienda de más de un siglo de antigüedad, construida muchas décadas antes de la Ley de Costas de 1988,vinculada históricamente a Cueva de la Negra y último testimonio construido de aquel núcleo habitado, precisamente cuando el Parlamento de Canarias y las Cortes Generales están intentando encontrar una solución para estos núcleos?

Y políticamente me resulta todavía más difícil de comprender que, mientras desde Canarias hablamos de proteger nuestros núcleos tradicionales, nuestra identidad y nuestro patrimonio etnográfico, la Demarcación de Costas de Canarias, dependiente de la Dirección General de la Costa y el Mar del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y dirigida por ALBERTO MARTÍN CORONEL,
continúe con la demolición antes siquiera de resolver la suspensión solicitada.

No estamos pidiendo que se incumpla ninguna resolución ESTAMOS PIDIENDO TIEMPO Y EL MISMO TRATAMIENTO QUE RECIBEN LOSDEMÁS AFECTADOS.

Si finalmente la reforma legislativa no prospera y jurídicamente corresponde ejecutar, la Administración conservará la posibilidad de hacerlo.
Pero si derriban la casa de mi madre el 26 de agosto, ya no habrá marcha atrás. Se habrá producido precisamente el acto irreversible que nuestra solicitud de suspensión pretende evitar.

Por eso les pido que pregunten qué está ocurriendo y que hagan todo lo que esté en su mano para que el Ministerio paralice el derribo del 26 de agosto y resuelva previamente la solicitud de suspensión cautelar y moratoria presentada el 15 de julio.

15 de julio: pedimos que esperen.
12 de agosto: sin resolver nuestra petición, se comunica el derribo.
26 de agosto: quieren hacer desaparecer la casa.
Y mientras, las otras solicitudes continúan tramitándose.
Si se puede esperar con las demás, también se puede esperar con la casa de mi madre.

Porque una demolición se puede aplazar. EL DAÑO IRREVERSIBLE, UNA VEZ PRODUCIDO, YA NO SE PUEDE REPARAR.