La Agencia Canaria de Protección del Medio Natural (ACPMN) ha informado de que han sido ocho los contenedores retirados, de manera voluntaria, en una primera fase de la campaña extraordinaria contra la proliferación de caravanas y contenedores en solares en Fuerteventura. Esta campaña, anunciada el 15 de enero, la desarrolla el departamento de establecimiento de la ACPMN, en coordinación con el Cabildo insular y los municipios de Antigua, Betancuria, Pájara, Puerto del Rosario, Tuineje y La Oliva. Precisamente a este último, el más afectado, corresponden los primeros ocho expedientes resueltos.
La campaña, en una primera etapa centrada en el citado municipio, ha consistido en la reactivación de los expedientes sobre los que únicamente constaba denuncia del Cabildo, y aquellos en los que, por diferentes razones, no había sido posible llevar a cabo las actuaciones correspondientes. En total, fueron detectados 32 y, antes de iniciar procedimiento sancionador, se efectuó a todos los propietarios requerimiento de restablecimiento voluntario con un mes de plazo.
Esta primera medida ha dado como resultado la eliminación voluntaria de contenedores en ocho emplazamientos del municipio de La Oliva. En caso de que el requerimiento no surta efecto en los demás casos, se iniciarán con carácter inmediato los expedientes de restablecimiento oportunos para terminar con esta proliferación ilegal que contenedores, cuyo impacto medioambiental y paisajístico es motivo de preocupación para las administraciones que están trabajando en el proyecto.
El número total de expedientes detectados es de 150, de los que 63 corresponden al municipio de La Oliva, el más afectado. Durante el mes de enero se celebró en Puerto del Rosario la primera reunión de coordinación con las administraciones implicadas (ACPMN, Cabildo y los ayuntamientos antes citados), durante la que el Gobierno de Canarias mostró su apoyo a los municipios afectados, no solo para tramitar los expedientes correspondientes a través de la Agencia de Protección del Medio Natural, sino prestando apoyo jurídico y administrativo a los municipios para la tramitación de las correspondientes órdenes de ejecución, pues son los ayuntamientos los responsables de tramitar en primera instancia dichas órdenes.