El Equipo de Fuerteventura ha identificado a una persona con numerosos antecedentes policiales por delitos de estafa como supuesto autor de un delito de estafa por valor de 2.390 euros.
Los hechos se iniciaron tras interponerse una denuncia en dependencias de la Guardia Civil de Gran Tarajal, en la cual la persona denunciante manifestaba que tras haber recibido una llamada de su supuesta entidad bancaria solicitándole un código que había sido enviado a su teléfono, y la víctima acceder a dicha petición bajo este engaño, los supuestos autores habrían utilizado dicho código para activar una tarjeta a su nombre.
Por todo ello y con los datos aportados por el denunciante, el Equipo de Fuerteventura, en el marco de la investigación REZVAL, comenzó a recabar datos de los cargos efectuados con la tarjeta bancaria del denunciante, obteniendo que los supuestos autores habrían utilizado la misma para la compra de numerosas tarjetas prepago, con las cuáles efectuar a su vez otras compras y ocultar su rastro.
Con toda la información recabada, los agentes pudieron comprobar como el supuesto autor obtuvo las tarjetas de tele recarga de una conocida tienda de una cadena de dispositivos electrónicos, localizando físicamente el comercio, y tras realizar el seguimiento a través de la red de las tarjetas de prepago compradas, se pudo localizar al mismo, el cual, para sorpresa de los agentes, tenía un amplio historial delictivo por hechos similares pese a su corta edad, la cual no alcanzaba los 20 años.
Consejos de seguridad.
La ciberdelincuencia es una actividad que está cobrando mucha fuerza debido al rápido desarrollo de las nuevas TICs, que debido al uso indebido de los datos personales que los ciberdelincuentes obtienen de las víctimas, hacen que el ciberdelito en muchos casos sea un método más fácil y llamativo de perpetrar para los criminales.
Se recomienda encarecidamente no ceder ningún tipo de datos personales, así como códigos o contraseñas de ningún tipo, ya que los cibercriminales normalmente utilizan la suplantación de identidad de entidades o empresas para solicitar los mismos a las víctimas, sin los cuáles no les sería posible cometer la mayoría de los delitos, cuando en realidad, las verdaderas empresas o entidades nunca solicitarían ningún tipo de dato que pusiera en riesgo la seguridad de los perjudicados.