Empresarios y sindicatos han vuelto a resaltar el perjuicio que supondría para la economía de la isla de Fuerteventura la demolición del hotel Oliva Beach, del Grupo Riu situado en Corralejo. Ambos colectivos coincidieron en que el principal problema, más allá de todas las resoluciones judiciales que se puedan emitir es que este derribo supondría la pérdida de más de 400 puestos de trabajo de forma directa y cerca de 700 de forma indirecta. Una consecuencia que tendría un gran impacto turístico debido a que el Oliva Beach supone el 10% de las camas turísticas de Fuerteventura, aparte de ser el responsable de que lleguen una media de 500 aviones anuales a la isla.
De la misma manera, solicitaron una mesa de negociación sobre esta materia para que no se tomen «decisiones unilaterales» como las del Ministerio de Transición Ecológica, en las que se pueda buscar una solución en la que se «compatibilice una realidad que lleva muchos años existiendo allí con la nueva realidad que va surgiendo con el tiempo en cuanto a la interpretación de las leyes», indicó Pedro Ortega, presidente de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE).
También señaló que el hotel, operativo desde 1977 se construyó en unas condiciones de legalidad que «han dado trabajo y riqueza» a la isla de Fuerteventura tal y como demuestran los casi 26 millones de euros que dejan en las islas los turistas que frecuentan la zona. El presidente de la Federación de Empresarios y Hosteleros de Las Palmas (FEHT), José María Mañaricua, expresó que el Ministerio de Transición Ecológica no ha respetado la voluntad de las diferentes instituciones de Canarias como el gobierno de Canarias, el Cabildo de Fuerteventura, el municipio de la Oliva o de las propias patronales y sindicatos.
En palabras de Mañaricua, tras no haber podido profundizar en algunas actuaciones como en un expediente de revisión de oficio de la concesión que tuvieron que archivar por indicación de la Oficial del Estado, el Ministerio «no pudiendo ir por ese camino», ha acudido a «acusaciones falsas o a refacciones administrativas que no son ciertas» como tener usos no amparados por la concesión de usos turísticos, ni obras no permitidas ni se ha restringido o el uso público sobre un área de 18.000 metros dentro de lo que es el propio ámbito de la concesión, las cuales niegan categóricamente.
En la misma línea, la abogada del grupo Riu en las islas, Águeda Borges, opinó que la decisión del Ministerio de Transición Ecológica de considerar caducada la concesión otorgada sobre el hotel es «arbitraria, premeditada, infundada y abusiva». A su juicio, el Ministerio ha buscado, a través de esos procedimientos arbitrarios argumentos que avalasen una decisión que quería «tomar de antemano» y que los argumentos «utilizados son falsos».
Según Borges lo que intenta el Ministerio es «ejemplarizar» en el norte de Fuerteventura. «Les resulta más fácil hacerlo aquí que en La Manga del Mar Menor o cualquier otro sitio. No nos han dado ni una oportunidad de sentarnos con ellos y de abrir una vía de diálogo en una acción absolutamente irresponsable que no contempla todas las consecuencias».
Borges aseguró que en caso de que el Ministerio siga adelante con la demolición, Riu recurrirá la decisión en la Audiencia Nacional y luego de ser necesario, en el Tribunal Supremo.
Los responsables de los principales sindicatos de las islas, Inocencio González (CC OO) y Manuel Navarro (UGT) resaltaron que los 400 empleados del Oliva Beach no son los responsables de la actual situación, siendo éste un problema que les viene añadido y que ante los cambios legislativos se han dado soluciones que no son de «buen agrado ni para la parte patronal ni para la parte sindical» solicitando que la administración competente resuelva un problema «que afecta muy directamente a los trabajadores y trabajadoras de este hotel y de toda la zona norte de Fuerteventura».
Ambos confirmaron que «apoyarán completamente todas aquellas iniciativas que tome el comité de empresas de Oliva Beach con la intención de salvaguardar estos 400 empleos.