El proyecto de ley de vivienda vacacional sale del Gobierno con una sola dirección: el Parlamento de Canarias. Con el objetivo de que se tramite de «urgencia» por la Cámara para que pueda entrar en vigor «antes de verano». La norma llega al Parlamento, tras haber pasado por un proceso de consulta pública donde se presentaron más de 5.000 alegaciones y con dudas aún por parte de los cabildos y ayuntamientos en función de las competencias de cada órgano a la hora de regular nuevas viviendas de uso turístico, aunque la consejera de Empleo y Turismo del Ejecutivo regional, Jéssica de León, ha señalado que espera que los recursos que se puedan interponer «no prosperen» porque «se han atendido gran parte de las justificaciones que se presentaron».

Con este hecho, el Gobierno canario pone «en manos» de los consistorios los instrumentos para acelerar cualquier trámite sobre el planeamiento y «encontrar un equilibrio» entre turismo y residente. Una norma que ha definido de «punto y seguido», ya que desde que comenzó su tramitación hace un año «hemos celebrado numerosas e intensas reuniones con cabildos, ayuntamientos, asociaciones y expertos de distintos ámbitos para buscar el consenso», ha indicado la consejera. Además, ha recalcado que el texto viene avalado por el dictamen favorable del Consejo Consultivo, que ha validado los principios esenciales de la ley y su estructura central.

La entrada en vigor de la ley permitirá no habilitar nuevas viviendas vacaciones hasta que el planeamiento urbanístico lo permita expresamente, al menos durante los próximos cinco años. «Hasta ahora, el fenómeno ha crecido sin control y al margen de cualquier planificación, pero ahora serán los diferentes ayuntamientos los que decidan cuántas y dónde se podrán publicitar», ha indicado la consejera. Todo, con el objeto de «conciliar la vida de los canarios con el principal motor económico de las Islas, como es el turismo», ha señalado la titular de Turismo del Ejecutivo canario. 

El texto impide destinar viviendas de nueva construcción al alquiler vacacional durante los diez próximos años, garantizando «su permanencia en el mercado residencial». También apoya que se limite la duración de las declaraciones responsables a cinco años – con posibilidad de renovación-.

📹 La consejera de @TurismoGobCan @Jessicaleonver informa sobre la aprobación y remisión al @parcan de la Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas

🛑 La normativa establece una moratoria de nuevas licencias hasta que los municipios fijen límites y cupos pic.twitter.com/xGcxOIqLGQ

— Presidencia GobCan (@PresiCan) December 26, 2024

Durante su intervención, Jéssica de León ha explicado que la futura ley busca «proteger» el derecho de la ciudadanía a una vivienda digna a precios asequibles, por lo que impide, entre otras medidas, implantar edificios completos dedicados al alquiler vacacional en parcelas de uso residencial. Con ese mismo objetivo, prohíbe que los inmuebles de protección oficial puedan comercializarse con un uso turístico, al entender que deben concebirse siempre como recurso alojativo para las familias más vulnerables.

«La vivienda es un derecho protegido en la Constitución y todos queremos un inmueble adecuado y accesible. Por ello, ponemos al residente en el centro para cuidar las relaciones de vecindad y la calidad de vida», ha explicado la consejera, aunque sí flexibiliza los requisitos para que los propietarios de este tipo de inmuebles puedan mantener indefinidamente sus negocios si cumplen con lo estipulado en la norma.

El Gobierno canario cierra un proyecto de ley que obliga a adaptar la actividad turística a la «Canarias actual» que «debe hablar el lenguaje de la sostenibilidad», el mayor reto del Archipiélago. Sin embargo, la titular de Turismo ha señalado que «no se debe demonizar una actividad que ha venido para quedarse y que genera ingresos en los canarios».

Se trata del primer proyecto de ley que el Ejecutivo autonómico registra en esta legislatura ante la Mesa del Parlamento para someterlo a debate entre las diferentes fuerzas políticas. «Se espera que inicie su andadura en la Cámara en cuanto se reanude el período de sesiones, a finales de enero, donde los plazos serán más cortos al haberse declarado de urgencia», ha concluido Jéssica de León.