El Parlamento de Canarias ha dado luz verde al decreto ley impulsado por el Gobierno regional que suspende, de forma temporal y a petición de parte, las sanciones a quienes viven en complejos situados en suelos de uso turístico. Esta normativa, que tendrá una vigencia de tres años, busca dar margen para resolver un conflicto legal que afecta a miles de residentes. El Parlamento de Canarias valida el decreto que aplaza sanciones a residentes en zonas turísticas.

Una medida para aliviar la presión sobre las familias

La consejera de Turismo y Empleo, Jéssica de León, fue la encargada de defender el decreto ante la Cámara. Explicó que la iniciativa no pretende penalizar, sino ofrecer un periodo de alivio a las familias que, durante años, han vivido en una situación de inseguridad jurídica por residir en propiedades dentro de zonas designadas para actividades turísticas.

De León señaló que el decreto no anula la legislación vigente, pero sí detiene los expedientes sancionadores mientras los municipios actualizan sus planes urbanísticos para adaptarlos a la realidad actual. Esto permitirá a los ayuntamientos regularizar situaciones que llevan años sin solución.

Un conflicto heredado y consecuencias económicas

La consejera recordó que este problema viene arrastrándose desde hace décadas, en parte por la falta de respuesta a tiempo. La legislación turística actual, que rige desde los años noventa, establecía que las viviendas en suelo turístico debían estar dentro de un modelo de explotación conjunta. Sin embargo, con la llegada de plataformas digitales en 2010, comenzó un proceso creciente de uso residencial en estas áreas.

El retraso en la adaptación normativa ha generado impactos económicos importantes, como la pérdida de ingresos fiscales y empleos relacionados con el sector turístico. Según explicó De León, ignorar este proceso ha costado a las islas miles de millones de euros y decenas de miles de puestos de trabajo.

Seguridad jurídica para los propietarios

Uno de los aspectos destacados del decreto es que protege a los propietarios que no desean seguir vinculados a la explotación turística. La norma evita que se les pueda obligar a ceder su propiedad a una empresa gestora si deciden abandonar el modelo turístico.

Además, se subraya que las actuaciones de inspección solo se llevan a cabo cuando existe una denuncia previa, y no por iniciativa propia de los inspectores. Esto garantiza que los vecinos no serán objeto de sanciones de forma arbitraria.

Camino hacia una nueva legislación

La Consejería de Turismo ya está trabajando en la reforma de las leyes turísticas actuales para adaptarlas a la realidad de las islas. Jéssica de León invitó a los diputados a participar en este proceso legislativo para lograr una solución definitiva al fenómeno de la residencialización en áreas inicialmente destinadas al turismo. El Parlamento de Canarias valida el decreto que aplaza sanciones a residentes en zonas turísticas.