El Gobierno instará a comercios, transportes y centros de trabajo a limitar la temperatura

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El ahorro energético del 7% que aceptó España obligará a individuos, hogares, empresas y administración a tomar medidas. “Un esfuerzo, no un sacrificio”, apuntaba un día antes la vicepresidenta y ministra para la Transición Energética, Teresa Ribera.

El Gobierno aprobará este lunes, en un Consejo de Ministros desplazado de fecha, el plan de medidas “urgentes” para responder a la quita de gas a nivel nacional. Pedro Sánchez ha presentado las bases del texto en su balance de cierre del curso político, pero no ha detallado ninguna de las medidas.

Radio Nacional de España adelanta que el texto incluirá la limitación de temperatura del aire acondicionado y la calefacción para grandes superficies (centros comerciales o supermercados, entre ellos), transportes, centros de trabajo u hoteles. El límite marcado por Moncloa es de un mínimo de 27 grados para el aire acondicionado y un tope para la calefacción de 19.

Son los mismos límites que ya se marca la Administración General del Estado en su particular plan. El Ejecutivo no toca los hogares, a los que simplemente les planteará consejos.

El real decreto también impedirá que los locales tengan las puertas abiertas para no despilfarrar energía, especialmente en los grandes espacios comerciales, y llama a revisar las calderas a fin de evitar fallos en los sistemas que conlleven un desperdicio de gas.

Ese ‘sentido común’ al que apelaba la vicepresidenta Ribera se planteará igualmente sobre los horarios de encendido y apagado de las instalaciones de climatización, ventilación, agua caliente sanitaria, iluminación y equipamiento ofimático de los edificios de oficinas.

A nivel usuario se recomendará el uso de escaleras en lugar del uso de ascensores en los casos en los que se pueda.

Sánchez también ha anunciado que llevará ante la Comisión Europea una propuesta para reformar el mercado eléctrico y fijar un tope al precio de las emisiones de CO2, para “desacoplar la evolución del precio del gas al precio de la electricidad” a nivel comunitario. Una extensión de la ‘excepción ibérica’ que logró para España y Portugal el pasado mes de marzo.