La ley para regular el uso turístico de viviendas que la consejera de Turismo, Jessica de León, se comprometió a impulsar al comienzo de la legislatura, va a iniciar su proceso esta semana con la intención de que entre en vigor el segundo semestre de 2024.
Hoy lunes el Consejo de Gobierno lleva a aprobación la autorización a los distintos departamentos para abrir el camino a la norma con rango de ley y en los días posteriores se someterá a consulta pública en la web de la Consejería.
Canarias es la segunda autonomía con más presencia de esta modalidad de alojamiento turístico -solo por detrás de Baleares- con 46.000 viviendas turísticas y 193.000 plazas, según datos actualizados al mes de septiembre, lo que supone ya más de 33% de la oferta alojativa del archipiélago. El objetivo esencial de la ley que impulsa ahora el Gobierno canario es poner límites al crecimiento y equilibrar el modelo turístico para hacerlo sostenible.
«Limitar no significa prohibir», señala el director general de Ordenación, Formación y Promoción Turística del Gobierno canario, Miguel Ángel Rodríguez, «el objetivo principal y único es una ordenación sostenible del uso turístico de viviendas, es decir, recuperar un equilibrio que a día de hoy no existe porque solo tenemos un decreto de mínimos del año 2015 que no estableció límites cuantitativos ni cualitativos a la vivienda vacacional», añade.
Norma transversal
Una de las claves de la futura ley es su carácter transversal, en el que Rodríguez incide especialmente, porque aunque es la Consejería de Turismo quien la impulsa no va ser una ley exclusivamente turística, puesto que va a regular aspectos vinculados a la vivienda, el urbanismo, la ordenación del territorio, el medio ambiente, la movilidad sostenible, la protección del patrimonio cultural y la protección del consumidor. Para su elaboración Canarias «no va a copiar a nadie» pero sí va a tomar lo mejor de los modelos de regulación que ya se han puesto en marcha en otras partes del mundo.
El hilo conductor a seguir es la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que ante el crecimiento desproporcionado del alquiler turístico en el caso concreto de París, sentenció que la protección del derecho eh a una vivienda digna y la adecuada protección del entorno urbano justifican la intervención de las autoridades regionales y locales para regular el uso turístico de viviendas.
«No solo faculta a las administraciones públicas, sino que dice que es su obligación planificar urbanísticamente la ciudad y planificar territorialmente y ambientalmente su ecosistema», añade Rodríguez, «Nueva York, París, Venecia, Berlín, Barcelona, Madrid, Sevilla, han evidenciado que es un problema a atajar, y en Canarias no ya es que busquemos el equilibrio, sino que buscamos reequilibrar algo que es insostenible», añade.
En el mes de septiembre se reunió una comisión de estudio que forma parte del Consejo Canario de Turismo donde están representados los siete cabildos, los ayuntamientos y las patronales del sector para abordar la nueva normativa.
«Con la única excepción de dos cabildos que se abstuvieron porque consideraron que necesitaban más tiempo para estudiar la información, el respaldo fue total», indica el director general de Ordenación y Promoción Turística, «puedo afirmar que hubo entusiasmo y coincidencia sobre la necesidad y oportunidad de dar prioridad a la ordenación del uso turístico de vivienda, porque Canarias necesita abordar este problema con urgencia», asegura».