Los gobiernos de Canarias y Euskadi han presentado una propuesta conjunta para abordar la creciente crisis de menores no acompañados que llega a las costas del país. En una carta dirigida a los presidentes y presidentas de las comunidades autónomas y ciudades autónomas, los mandatarios Fernando Clavijo e Imanol Pradales proponen una distribución extraordinaria de estos menores, con el objetivo de aliviar la presión sobre los recursos disponibles en las Islas Canarias y otras zonas fronterizas como Ceuta y Euskadi. Canarias y Euskadi proponen un plan urgente para la distribución de menores no acompañados entre comunidades autónomas.

La propuesta, que sigue los acuerdos de la XXVII Conferencia de Presidentes, busca aplicar un mecanismo de solidaridad territorial, enfatizando la corresponsabilidad entre el Gobierno central y las comunidades autónomas. Ambos territorios consideran que la situación actual, especialmente en las Islas Canarias, es insostenible, con un número creciente de menores no acompañados bajo tutela, lo que ha incrementado la carga en los sistemas de acogida y atención.

El texto presentado subraya que es el Ejecutivo central el responsable de coordinar y garantizar una distribución equitativa de los menores, con el apoyo necesario a nivel económico y logístico. Se solicita también que esta distribución esté acompañada de fondos estatales y europeos, gestionados de manera coordinada entre los Ministerios de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Entre los aspectos más destacados de la propuesta se encuentra la creación de un Plan Estratégico de Migración, que contemple un análisis detallado de los flujos migratorios y los recursos necesarios para hacer frente a la crisis. Además, se propone considerar a Euskadi como parte de la «Frontera Norte», tras el cierre de la frontera francesa, lo que ha incrementado la llegada de migrantes a través del País Vasco.

Los gobiernos de Canarias y Euskadi defienden un modelo de distribución basado en cinco indicadores, que incluyen aspectos como la población acogida, el PIB per cápita, el desempleo y la solidaridad de cada comunidad, para asegurar un reparto justo y equilibrado.

Ambos ejecutivos solicitan que esta medida se implemente de manera urgente, con un plazo máximo de tres meses, y que posteriormente se retome el debate en la Conferencia Sectorial de Infancia para ajustar los coeficientes de distribución a largo plazo.

El presidente canario, Fernando Clavijo, destacó la urgencia de actuar sin demora, dado que el número de menores no acompañados bajo tutela en Canarias ha superado los 5.800 en las últimas semanas, lo que genera una presión insostenible sobre los servicios de acogida y atención. En este contexto, el gobierno canario también aboga por la implementación de medidas a medio y largo plazo, incluyendo la cooperación con los países de origen para reducir el flujo de menores y mejorar sus perspectivas de futuro.

El planteamiento de Canarias y Euskadi también resalta la importancia de proyectos piloto, como el programa «Tierra Firme» en Senegal, que busca ofrecer alternativas a los jóvenes migrantes en sus países de origen.

La propuesta, que ahora se someterá a debate entre las comunidades autónomas, tiene como objetivo garantizar una respuesta coordinada y efectiva ante la emergencia humanitaria que enfrentan las zonas de frontera del Estado. Canarias y Euskadi proponen un plan urgente para la distribución de menores no acompañados entre comunidades autónomas.