La Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias ha difundido este lunes una nota informativa para explicar su interpretación del Real Decreto 1312/2024, que establece un registro único de alojamientos turísticos de corta duración y la creación de una ventanilla digital, normativa que comienza a aplicarse este 1 de julio. Canarias planta cara al Estado por el caos legal del registro único de alquileres turísticos.
Sin respuesta a las solicitudes de prórroga y aclaración
El Ejecutivo autonómico recuerda que, desde que se publicó el decreto estatal, las comunidades autónomas han solicitado aclaraciones sobre su aplicación, en especial respecto a qué tipos de alojamientos están obligados a inscribirse. Sin embargo, ni el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ni el de Turismo han respondido a estas consultas, lo que ha motivado que Canarias, junto a otras regiones como Andalucía, Murcia o la Comunidad Valenciana, haya recurrido el decreto ante los tribunales.
El Gobierno canario también había reclamado formalmente que se convocara una conferencia sectorial de Turismo para abordar las dudas surgidas y pidió posponer la entrada en vigor del decreto hasta que se alcanzara un consenso, pero estas peticiones tampoco obtuvieron respuesta.
Aclaración sobre los alojamientos afectados
En la nota informativa, disponible en la web oficial de la Consejería, el Gobierno de Canarias detalla que, según su interpretación literal del decreto y teniendo en cuenta la normativa comunitaria y la jurisprudencia europea, establecimientos como hoteles de ciudad, rurales, emblemáticos, así como alojamientos de turismo rural, villas, apartamentos, bungalows y casas emblemáticas quedarían fuera del alcance de esta normativa estatal y, por tanto, no tendrían la obligación de registrarse en la ventanilla única digital.
Una información sin carácter vinculante
La Consejería subraya que la nota publicada tiene un carácter meramente informativo y no posee valor jurídico, por lo que su contenido no constituye una disposición oficial, aunque pretende aportar claridad mientras persistan las dudas sobre la aplicación de la nueva normativa estatal.
Con esta iniciativa, el Gobierno regional busca ofrecer orientación tanto a propietarios como a gestores turísticos de Canarias que se han visto afectados por la incertidumbre generada tras la publicación del decreto, y reclama de nuevo al Estado una respuesta que permita actuar con seguridad jurídica. Canarias planta cara al Estado por el caos legal del registro único de alquileres turísticos.