La presidenta de la Asociación de Empresarios Constructores y Promotores (AECP) de la Provincia de Las Palmas, María de la Salud Gil, no dudó en denunciar el comportamiento «absolutamente criticable» por parte de las distintas administraciones (estatal, local y autonómica) en base a la adjudicación a empresas públicas como Tragsa por valor de 70 millones de euros en más de 97 obras mientras «se quedan desiertas 31 millones de euros en 57 obras».
Cabe recordar que ahora mismo Canarias cuenta con una licitación pública por debajo del 30%, con la región invirtiendo un 70% menos en relación al ejercicio anterior.
Asimismo, manifestó que en la patronal se encuentran «muy quemados» con el hecho de que esté «proliferando» el nombramiento de la empresa pública Tragsa como medio propio, algo que pretende hacer efectivo el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria este miércoles.
Gil remarcó que la reducción del 30% en la licitación pública coincide y es «proporcional» a las obras que se adjudican directamente a las empresas públicas, evidenciando una «dejación» por parte de las administraciones públicas en relación «a su incapacidad para licitar y coger el camino del medio bordeando la legalidad. Asimismo, afirmó que han presentando una denuncia ante el Comisionado Europeo correspondiente a esta situación intentando que se judicialicen «todos aquellos casos en los que las empresas públicas estén usurpando nuestra actividad».
Para la presidenta de la AECP, con esta estrategia se está «huyendo» del derecho administrativo y de «una burocracia que afecta a todos y se está cronificando. Las cosas no están funcionado, no se están movilizando los procedimientos y administrativos y eso es lo que hay que poner en marcha», indicó Gil.
Con el actual panorama, la patronal de los constructores de Las Palmas ha puesto sus expectativas en el decreto ley de medidas urgentes que el Gobierno de Canarias dio a conocer hace ya varios meses para atajar la emergencia habitacional, poniendo sobre la mesa 3.000 viviendas y presentándose al concurso de Visocan en relación a edificios inconclusos con 400 viviendas.
A su vez, Gil informó que se han localizado y firmado precontratos por más de 1.200 viviendas en edificios también sin terminar, movilizando a los distintos ayuntamientos en relación al derecho de superficie con 500 viviendas y 800 viviendas en suelo con precontratos y 75 millones de euros de REC.
Con todos estos proyectos, la AECP considera que ha cumplido y que «ahora es el turno del Gobierno» para materializar lo expuesto en este decreto ley predica y «poner a disposición de la iniciativa privada los presupuestos del Plan Canario de Vivienda, los fondos europeos que existen para el incremento del parque público de viviendas y sacar el derecho de superficie. «Poner en manos de los promotores privados las promociones que Visocan pueda desarrollar, que son 3.000 viviendas pero nosotros podríamos duplicar con efecto inmediato», señaló Gil.
La puesta de estas 3.000 viviendas en el mercado supondrá un factor renta cercano a los 200 millones de euros, un efecto arrastre de 540 millones de euros, el mantenimiento y creación de 10.000 puestos de trabajo, un retorno fiscal directo de 66 millones de euros, 132 millones de euros en consumo del bolsillo de los trabajadores, que es el 70% de lo que utiliza una familia para consumir en gastos y en vivir, indicó Gil que también habló de que este es un proceso para «dinamizar Canarias y acabar con esta involución» poniendo en marcha un sector que ha demostrado «que es locomotor y que tiene las capacidades de multiplicar increíbles, expresó Gil.
Por último, expresó que el Plan de Vivienda que expira el próximo año, se habrá incumplido si no se movilizan antes todos los recursos disponibles para canalizarlos hacia el decreto ley.