El proceso de derivación de menores solicitantes de asilo desde Canarias hacia otras regiones de España comenzará esta semana con el traslado de un primer grupo de diez jóvenes malienses, todos ellos mayores de 16 años. Este movimiento se produce tras la orden del Tribunal Supremo que obliga al Estado a asumir su tutela y acogida. Diez menores migrantes de Mali serán trasladados desde Canarias a la península.
Los chicos, que hasta ahora han permanecido en el recurso temporal Canarias 50, en La Isleta, viajarán a la península acompañados por personal especializado y por representantes del Ministerio de Inclusión Social, quienes garantizarán su llegada y adaptación a los nuevos centros de acogida en comunidades autónomas con plazas disponibles.
Un mandato judicial para aliviar la saturación
En marzo, el Alto Tribunal dictaminó que el Gobierno central debía responsabilizarse de estos menores para descongestionar los centros canarios, fijando un plazo máximo de diez días para iniciar el proceso. Desde entonces, el Estado se ha comprometido a realizar traslados periódicos y a habilitar 1.200 plazas adicionales en territorio peninsular, con una inversión de 40 millones de euros.
Actualmente, Canarias acoge a más de 1.000 menores solicitantes de asilo, principalmente de Mali y Senegal, y a más de 5.000 menores migrantes no acompañados en total. La Consejería de Bienestar Social, junto con entidades colaboradoras, está realizando entrevistas individuales para determinar si desean permanecer en las islas o continuar su recorrido migratorio.
Cambios legales y reparto entre comunidades
El Ejecutivo canario confía en que el 26 de agosto se apruebe un real decreto que modificará la ley de extranjería, de forma que la acogida de estos menores se reparta obligatoriamente entre todas las comunidades autónomas. La medida, pendiente de financiación y de un reparto acordado en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, ha encontrado resistencia en varios gobiernos autonómicos, que incluso han recurrido la reforma ante el Tribunal Constitucional.