El Cabildo de Fuerteventura, Gobierno de Canarias y los seis ayuntamientos majoreros han mantenido hoy un nuevo encuentro de trabajo, con el objetivo de poner en común y valorar las acciones desarrolladas frente a la proliferación de instalaciones no autorizadas en suelo rústico que atentan contra los valores naturales, el planeamiento y la biodiversidad. Plan de acción para detener la proliferación de instalaciones no autorizadas en suelo rústico
Esta reunión se enmarca en el plan de acción puesto en marcha por el Cabildo de Fuerteventura, conjuntamente con la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias, la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural y los ayuntamientos. El encuentro ha contado con la participación de representantes de policía local, guardia civil y agentes de Medio Ambiente del Cabildo, que extreman la vigilancia en todo el territorio insular, frente a la propagación de instalaciones como caravanas, containers, casas prefabricadas y otras estructuras que contravienen la normativa urbanística y medioambiental.
Para la presidenta del Cabildo, Lola García, “la coordinación conjunta entre administraciones es fundamental, reforzando la vigilancia y llevando a cabo acciones preventivas para informar a la población”. En una primera fase se intenta resolver a través de la retirada voluntaria de los contenedores por parte de los infractores. En el caso contrario, dichas infracciones son denunciadas. Desde el inicio de la campaña en 2023, el Cabildo ha tramitado más de 700 denuncias, “por lo que hay que insistir también en la agilización de los trámites de las mismas para que sean efectivas”, añadió García.
Por su parte, el consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, Manuel Miranda, ha subrayado la necesidad de seguir haciendo pedagogía para que la ciudadanía sea consciente de la importancia de preservar el territorio y ha advertido de que, más allá de sanciones administrativas, en muchos casos la ciudadanía comete delitos que tienen una tipificación penal.
Según el coronel jefe de la Comandancia de Las Palmas de la Guardia Civil, Javier Peña, “esta reunión ha servido para profundizar la coordinación, con la presencia de todos los actores implicados. Ya se ha actuado desde el Seprona, en conjunto con policía local y agentes medioambientales en intervenciones de bastante calado, y se buscan nuevas fórmulas para identificar los espacios en los que da prioridad a las intervenciones”.
En el encuentro estuvo presente, además, la directora de la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural, Montserrat Ortega, el consejero de Medio Ambiente, Carlos Rodríguez, así como los alcaldes de Pájara, Alejandro Jorge, de Puerto del Rosario, David de Vera, y representantes del resto de municipios.
Paralelamente, el Cabildo ha iniciado una campaña informativa sobre las prohibiciones e infracciones al respecto en este tipo de suelos, que se encuentran tipificadas de acuerdo con la Ley del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, pudiendo acarrear sanciones de más de 200.000 euros. Las edificaciones no autorizables en suelo rústico están tipificadas, igualmente, en la Ley Orgánica del Código Penal.
Plan de acción para detener la proliferación de instalaciones no autorizadas en suelo rústico