El Pleno del Cabildo de Fuerteventura ha acordado ejercer requerimiento previo a la Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias. La corporación insta a anular o revocar la declaración del interés general del proyecto de Subestación eléctrica Majorera 132/30 kV, en el término municipal de Tuineje. Nuevo requerimiento previo contra otro proyecto energético.

Según ha apuntado la presidenta insular, Lola García, este procedimiento contemplado en la Ley del Sector Eléctrico de Canarias (artículo 6 bis), se está utilizando, desde hace años, de forma sistemática. Sin responder a motivos de urgencia o excepcionalidad. Así, «esto permite a las empresas instalar libremente proyectos de generación, transporte o distribución energética. Sin respetar el planeamiento insular y sin tener en cuenta las particularidades de Fuerteventura”. “Lo que debería entenderse como algo excepcional lo han convertido en un procedimiento habitual”.

“Además, no existe en ningún momento un análisis pormenorizado de las necesidades reales de la Isla. Tampoco de sus afecciones al paisaje, el territorio o los recursos naturales”, añadió García.

En palabras de la consejera de Ordenación del Territorio, Nereida Calero, “con su aprobación en Pleno, se faculta a la presidenta insular a presentar requerimiento previo a un posible contencioso-administrativo al respecto”. De esta manera, y aunque «el procedimiento no nos obligue a hacerlo, queremos ofrecer a la Consejería de Transición Ecológica y Energía la opción de rectificar. Y seguir la vía ordinaria para la autorización del proyecto. De no responder en el plazo de un mes, desde el Cabildo se acudirá a los tribunales por la vía del contencioso-administrativo. Ya lo hemos hecho con otros nueve proyectos».

Nuevo requerimiento previo contra otro proyecto energético

“Desde la Corporación insular estamos a favor de las renovables. Pero decidiendo la sociedad e instituciones majoreras. Debemos ser escuchados y decidir desde Fuerteventura dónde deben implantarse y no las empresas que abusan de un artículo de la ley. Todo ello para saltarse el planeamiento y colocar las instalaciones donde decidan arbitrariamente”, concluyó la consejera.