Puerto del Rosario atraviesa una situación económica delicada. Así lo ha
reflejado el propio interventor del Ayuntamiento en su último informe, en el que
certifica que se han incumplido tanto la estabilidad presupuestaria como la
regla de gasto, dos elementos esenciales en cualquier administración pública
responsable.
Desde Nueva Canarias–BC consideramos que esta situación no puede pasarse
por alto. El grupo de gobierno ha gastado más de lo permitido, ha previsto
ingresos que finalmente no llegaron, y ha destinado buena parte del
presupuesto a cubrir gastos corrientes, mientras las inversiones reales, las que
transforman los barrios y mejoran la vida de la gente, siguen esperando.
La consecuencia directa de esta mala gestión ha sido la presentación de un
Plan Económico-Financiero (PEF) con el que el Ayuntamiento intenta justificar
el desequilibrio. Sin embargo, el interventor deja claro que el documento no
ofrece garantías, no concretas medidas y no cuantifica cómo se va a corregir la
situación. En otras palabras, ni el interventor se cree el plan que han
presentado.
Lo más preocupante es la actitud del propio grupo de gobierno, formado por
Coalición Canaria y PSOE, que ha llegado a quitarle importancia al asunto,
sugiriendo que “no pasa nada” porque se trata “solo de un plan”. Esta forma de
entender la gestión pública, como si no tuviera consecuencias reales, es
precisamente lo que nos ha traído hasta aquí.
“No se puede gobernar gastando por encima de las posibilidades y luego decir
que ya se resolverá con un documento que no convence ni a quien lo firma”,
señala Cosme Espinel, secretario de Acción Política de Nueva Canarias–BC.
“Lo mínimo que merece la ciudadanía es claridad, rigor y un compromiso real
con la estabilidad económica del municipio.”
Este escenario tiene un efecto directo sobre los vecinos y vecinas de Puerto del
Rosario. El ajuste que ahora deberá afrontar el Ayuntamiento afectará
especialmente a las inversiones que podrían marcar la diferencia en los barrios:
mejoras en alumbrado, asfaltado, espacios públicos, instalaciones deportivas o
servicios básicos. Si la capacidad de invertir ya era limitada, ahora lo será aún
más.
Y todo esto ocurre mientras el gasto corriente continúa creciendo. Parte de ese
gasto se destina a mantener estructuras ya consolidadas, incluidos algunos
servicios prestados externamente, que consumen recursos sin dejar resultadostangibles para la ciudadanía. Las prioridades del Ayuntamiento, una vez más,
parecen ir por otro camino.
Esta situación no es fruto de un error puntual. Es el reflejo de una forma de
gobernar que se repite: gastar primero, justificar después y postergar lo
importante. Por eso, desde Nueva Canarias–BC, exigimos transparencia,
responsabilidad y un cambio de rumbo real. No por cumplir con la normativa,
sino por respeto a un municipio que merece planificación, estabilidad y futuro.