La presidenta del grupo parlamentario de Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC), Carmen Hernández, en la reunión de hoy con el Gobierno, el Parlamento, los ayuntamientos, los cabildos y el tercer sector; exigirá que el PP abandone la “doble moral” para que apoye y apruebe, en las Cortes Generales, la reforma de la ley de extranjería para asegurar la distribución obligatoria de los menores migrantes entre todas las comunidades del Estado. La además vicepresidenta del canarismo progresista reclamó a todos los territorios que garanticen la tutela efectiva de los jóvenes que les sean asignados.
Si el acuerdo alcanzado entre los gobiernos canario y estatal para modificar el artículo 35 de la ley de extranjería no sale será por culpa del PP, denunció Carmen Hernández, que no quiere apoyar la modificación normativa ni garantizar el reparto obligatorio de los menores. Tampoco solidarizarse con la dura realidad que hoy afronta el Archipiélago y que, en otro momento, volverá a recrudecerse en Ceuta, Melilla y Andalucía.
Hernández reclamó al PP el “mismo compromiso” que ha tenido el PSOE y el Ejecutivo estatal al proponer y consensuar con el Gobierno de Canarias la modificación legal y la obligatoriedad del reparto. Hizo hincapié en que esta solución surgió ante el fracaso de la distribución “voluntaria” entre las comunidades, reclamada por las Islas durante años.
“Es necesario”, para NC-BC, que las dos grandes fuerzas políticas en el Congreso de los Diputados y en el Senado, se junten en las Cortes Generales y que, en paralelo, “comprometan” a las comunidades, en la comisión de pasado mañana de la comisión bilateral en Santa Cruz de Tenerife, para el cumplimiento efectivo de las obligaciones derivadas del nuevo artículo 35 de la ley de extranjería.
“Lo que no es admisible es la doble moral” del PP con un discurso a nivel del Estado y otro en Canarias, donde cogobierna con CC en el Ejecutivo, en algunos cabildos y ayuntamientos, reprochó la presidenta del grupo parlamentario de Nueva Canarias-BC. Igual de crítica se mostró ante la negativa del Ejecutivo de Pedro Sánchez a ceder infraestructuras de Defensa en desuso en las islas para atender a los chicos adecuadamente.
En opinión de Carmen Hernández, “Canarias difícilmente olvidará que se le abandone” ante esta crisis humanitaria por la magnitud de las llegadas que se recrudecerán en los próximos meses hasta prever según el Gobierno canario la acogida de 11.000 menores (5.600 de la actualidad) hasta final de año, por la falta de recursos de las administraciones públicas canarias para continuar afrontando en solitario esta realidad y por el impacto negativo en el cumplimiento y protección de los derechos de los jóvenes migrantes protegidos por la legislación.