La nueva tasa municipal por los servicios de gestión de residuos a la que obliga el Gobierno central y que todos los Ayuntamientos y entidades locales deberán incorporar como tarde a partir de abril de 2025, encarecerá previsiblemente unos 47 euros el coste medio por ciudadano. 

La Ley 7/2022, del 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular obliga a los ayuntamientos y corporaciones locales a disponer de una tasa «específica» y «no deficitaria» para cubrir el coste íntegro de los servicios en gestión de residuos. Por tanto, cada municipio tendrá que calcular dicho coste por su cuenta y comunicar a las autoridades competentes los cálculos en los que se basa la tasa. El consejero de Residuos del Cabildo de Fuerteventura, Enrique Pérez, advirtió una vez más que este imperativo de carácter estatal obliga a todos los ayuntamientos que ya deberían haber empezado a informar sobre el cumplimiento de esta ley.

Enrique Pérez afirmó en ‘El Magacín de Onda Fuerteventura’ estar muy preocupados por la forma en la que se implantará esta nueva tasa y recomienda a alcaldes y alcaldesas que están en esa situación, que se pongan manos a la obra para estudiar la forma en la que cobrarán la tasa ya que no todos los inmuebles generan la misma basura. Los municipios tienen de tiempo hasta abril de 2025 para implantar una tasa con la que repercutir al ciudadano el coste de la recogida y transporte de todos los residuos que acaben en el vertedero.

En la actualidad, según el estudio de ‘Las tasas de residuos en España en 2022’ elaborado por la Fundació Ent, cada habitante paga de media 61,15 euros por esta tasa, es decir, un total de 2.080 millones de euros anuales. Sin embargo, este volumen no cubre el actual coste de recogida, que la Fundación Para la Economía Circular sitúa en casi 2.900 millones anuales y eleva hasta los 3.700 millones de cara a 2035 para cumplir con la nueva ley (que transpone una normativa europea) y que obliga a mejorar el sistema de recogida, tratamiento, reciclado y reutilización de basura. De este modo, si la norma obliga a los ayuntamientos a cubrir este coste en su totalidad con la tasa, la obligación apunta a suponer un incremento de 47 euros por habitante, desde los 61,15 euros actuales hasta unos 108 euros.

Hasta el momento no hay ningún municipio majorero que se han adelantado a la fecha de la norma o que haya anunciado subidas en la tasa de basuras.

La nueva tasa de basuras emana de la misma ley que aprobó el impuesto al plástico, nuevo tributo con el que Hacienda prevé recaudar unos 500 millones de euros al año. Con la subida de la tasa de basuras, la Administración prevé que se recauden unos 850 millones de euros más al año, para incrementar la recaudación total al entorno de los 3.000 millones de euros.