La actividad económica en las islas no da tregua a quienes sostienen el empleo a pie de calle. En Fuerteventura, el malestar acumulado entre los trabajadores por cuenta propia ha cristalizado en una serie de movilizaciones y demandas formales coordinadas por la Asociación de Autónomos de Fuerteventura, encabezada por portavoces como Ariel Alpízar. El colectivo ha trasladado a la esfera pública la urgencia de aliviar una estructura de costes que amenaza la supervivencia de pequeños negocios, talleres, comercios y servicios esenciales en el territorio insular. Las reivindicaciones de los autónomos entran en la hoja de ruta del Cabildo de Fuerteventura
La presión social ejercida por los profesionales ha tenido su primer reflejo formal en el Cabildo Insular de Fuerteventura. A través de una iniciativa conjunta suscrita por Coalición Canaria y el Partido Socialista, la corporación insular ha registrado una moción plenaria en la que asume de manera íntegra el documento de propuestas elaborado por la asociación. El texto institucional reconoce que el tejido productivo majorero, compuesto en su práctica totalidad por pequeñas empresas y proyectos familiares, afronta un escenario de elevados costes de explotación, rigidez laboral y una densa carga administrativa que dificulta el día a día del trabajo por cuenta propia.
La movilización impulsada por el colectivo de Alpízar persigue abrir un debate práctico sobre el marco regulatorio que rige el trabajo independiente en el archipiélago. Lejos de reducir el problema a una cuestión meramente coyuntural, los autónomos señalan desajustes estructurales que lastran su competitividad frente a otros modelos empresariales.
El acuerdo institucional impulsado en el Cabildo por los consejeros Nuria Cabrera y Blas Acosta busca convertir esas quejas en mandatos dirigidos a los tres niveles de la Administración: el Estado, la comunidad autónoma y las corporaciones locales. La premisa de partida expone que la normativa actual no responde a las singularidades operativas del autoempleo, un sector donde los ingresos oscilan con frecuencia pero las obligaciones fiscales y de cotización permanecen invariables mes a mes.
El bloque de peticiones dirigido al Gobierno central concentra buena parte del núcleo económico del conflicto. Entre las modificaciones requeridas figura una revisión profunda del sistema de cotización al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), con la finalidad de ajustarlo a los ingresos reales y a la capacidad efectiva de pago del colectivo. A ello se suma la petición de reformar el régimen de bajas laborales, dotando de cobertura al trabajador sin imponer cargas accesorias que obliguen a echar el cierre durante los periodos de incapacidad temporal.
En materia tributaria, la propuesta reclama elevar el mínimo exento en el IRPF y situar la deducción fija por gastos de difícil justificación en 1.700 euros, además de flexibilizar los criterios para computar los desembolsos vinculados a la actividad.
El documento incorpora asimismo dos puntos orientados a la protección financiera:
La inembargabilidad de la vivienda habitual frente a deudas derivadas exclusivamente de la actividad económica. Además, La flexibilización de los aplazamientos de pago junto a una rebaja de recargos e intereses aplicados por la Agencia Tributaria y la Tesorería General de la Seguridad Social. Incentivos y bonificaciones para la contratación de trabajadores y facilidades para la incorporación de familiares colaboradores. En el ámbito autonómico, las reivindicaciones miran de frente a las competencias del Gobierno de Canarias. La medida más destacada en materia fiscal consiste en elevar hasta los 85.000 euros el límite para tributar bajo el régimen simplificado del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC). Esta ampliación permitiría a cientos de pequeños operadores reducir costes indirectos de gestión contable y aliviar la carga de liquidación periódica.
Junto al alivio tributario, los autónomos demandan líneas específicas de apoyo para negocios consolidados, superando el esquema habitual centrado únicamente en el inicio de actividad, y una simplificación general de trámites que elimine trabas burocráticas innecesarias.
La moción incorpora un factor demográfico y laboral clave para las islas: la escasez de vivienda asequible. El colectivo subraya que la falta de oferta habitacional se ha convertido en el principal obstáculo para contratar empleados en sectores como la hostelería, el comercio o el transporte, impidiendo cubrir puestos vacantes y limitando el crecimiento de las empresas locales.
Exigencias a los ayuntamientos y coordinación técnica
La tabla reivindicativa no olvida a los consistorios locales de la isla. A las Administraciones municipales se les exige acortar los plazos en la concesión de licencias de apertura y obras, además de desbloquear suelo destinado a actividades económicas y vivienda. La demora en los permisos municipales suele traducirse en meses de inactividad con locales arrendados y gastos corrientes en marcha.
El acuerdo compromete al Cabildo a reforzar sus áreas de asesoramiento e innovación, mientras da traslado formal del expediente al Gobierno de España, al Parlamento autonómico, a la Fecai y a la Fecam. La iniciativa visibiliza el malestar de un sector que aporta dinamismo a la economía insular y que ahora busca transformar sus demandas en reformas tangibles.
Las reivindicaciones de los autónomos entran en la hoja de ruta del Cabildo de Fuerteventura
De ello ha hablado Ariel Alpízar en Onda Fuerteventura y la entrevista se puede escuchar aquí: