La industria de alquiler vacacional y viviendas turísticas ha experimentado un auge significativo en los últimos años. Plataformas como Airbnb, Vrbo y Booking.com han facilitado que los propietarios ofrezcan sus propiedades como alojamientos temporales. Sin embargo, este auge también ha traído consigo un problema creciente: la okupación ilegal en viviendas turísticas en Fuerteventura.
El fundador de ESCOBAR TEAM, Fiiberto Escobar, ha denunciado hoy en los micrófonos de Onda Fuerteventura, la angustia que sufren muchos propietarios dado que ya es una realidad tangible. Son cada vez más los individuos que ingresan y se quedan en una propiedad sin el permiso del propietario o sin haber realizado una reserva legítima a través de una plataforma de alquiler vacacional. Este problema está afectando tanto a propietarios individuales como a empresas de gestión de propiedades.
Cualquier aplazamiento de la devolución posesoria de los inmuebles ocupados ilegalmente supone un grave perjuicio para los propietarios que se ven desposeídos de sus viviendas y no tienen la colaboración de la Administración pública en la recuperación inmediata de esa posesión indebidamente usurpada.
La Ley de Vivienda no ha establecido en los procedimientos de ocupación ilegal de inmuebles la necesidad de la suspensión del lanzamiento como sí ha hecho en los supuestos de reclamaciones civiles por impago de rentas, en los que existe la suspensión del lanzamiento ante situaciones de vulnerabilidad por parte de quienes han dejado de pagar la renta.
Lo único que establece la disposición adicional introducida en la Ley de Enjuiciamiento Civil por la Ley de Vivienda es que el juez dará traslado de la necesidad de proceder a la expulsión de los okupas a la Administración pública y dándole un plazo breve para que adopte las medidas que estime por conveniente para el realojo, pero sin suspensión del lanzamiento, ya que esta disposición adicional incluida en la Ley de Vivienda no fija, como sí lo hace en los impagos de rentas, que se suspenda el lanzamiento hasta el realojo de las personas que habitan en la vivienda.
Uno de los desafíos más evidentes a los que se enfrentan los propietarios es la merma de ingresos cuando los okupas se quedan en su propiedad sin pagar. Esta pérdida puede ser significativa, especialmente cuando deciden judicializar la situación. Desalojar a okupas de una vivienda turística es un proceso legal complicado y costoso. Los propietarios a menudo se ven obligados a iniciar procedimientos legales para recuperar la propiedad, lo que implica tiempo y gastos legales adicionales.
Los okupas normalmente se mete en casas o que son de banco, que no constituyen morada, también hay muchos casos de okupas que dejan de pagar el alquiler y al final acaba siendo un okupa, ‘pero es otro tipo de okupa’. El peligro que advierte Escobar afecta a las personas que entran en casas que no constituyan morada porque saben que si no la constituyen es un delito leve y no se le puede detener. En el caso de tratarse de una segunda residencia y la ocupación se produjera durante meses, sin que los propietarios se hubieran percatado, no podrían ser expulsados porque esas personas que han okupado la vivienda también han establecido una morada allí, por lo que echarles sería vulnerar su intimidad.
La empresa de Escobar ha realizado cerca de 400 desalojos desde su nacimiento, esta es la primera vez que se enfrentan a okupas en viviendas vacacionales, asegura que hay zonas especialmente ‘calientes’ como Costa Calma, Nuevo Horizonte, Corralejo y otras tantas. Añade que, a su parecer los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado deberían mirar esos «vacíos legales» y darles solución, además de poder prevenirlo, «hay un «gran negocio montado» de okupaciones que venden llaves y dan dinero para ir de un sitio a otro».