El Gobierno de Canarias hará su propia investigación sobre los expedientes en los que hayan intervenido los exdirectores generales en la causa que investiga una presunta red de extorsión a empresas del ámbito ganadero y alimentario.

La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca, Alicia Vanoostende, ha trasladado al Consejo de Gobierno celebrado este jueves un informe sobre los procedimientos y trámites que se siguen para el reparto de ayudas europeas (POSEI, REA y PDR) y la fiscalización a la que son sometidos los expedientes.

Vanoostende ha detallado en rueda de prensa que hay diferentes filtros, en el trámite de resolución de las ayudas, una vez recibidas las solicitudes, sobre los controles administrativos y sobre el terreno, además de auditorías anuales de la Intervención General de la Comunidad Autónoma y misiones de la Comisión Europea, todo con el objetivo de comprobar que “se hace un buen uso” de las mismas.

Ha abundado en que cada trámite lo realizan equipos funcionariales y directivos diferentes, y, por lo tanto, las auditorías “son independientes” y están “desvinculadas” las unas de las otras.

En concreto, pide los expedientes de ayudas desde 2016 relacionados con determinados beneficiarios.

Vanoostende ha indicado que se han dado órdenes a los funcionarios para que sean “lo más rápidos y colaboradores posibles” con la autoridad judicial porque en la Consejería que encabeza son “los primeros interesados en que esto se aclare”.

La consejera ha avanzado que en los próximos días deberán decidir cómo afrontarán esa investigación interna en su departamento, si con personal propio o con la colaboración de la Inspección General de la Comunidad Autónoma, o incluso con colaboración externa.

“Con lo que haga falta”, ha terciado el consejero de Administraciones Públicas, Julio Pérez, quien sobre la posibilidad de que el Gobierno se persone en la causa como parte perjudicada ha indicado que se hará “en cuanto sea técnicamente posible”.