La organización cultural Pueblo Maho denuncia las pretensiones de Costas de derribar una vivienda que es ejemplo de la tradicional práctica social que durante siglos se ha ejercido en las islas para proveerse de los recursos marinos.

La vivienda de Doña Pascuala Roger Pérez en Cueva de la Negra, en Jandía fundamenta el prototipo del movimiento social que realizaban las familias insulares para abastecer su despensa de productos del mar y completar la dieta anual, generalmente limitada.

Estas estancias en la orilla de la mar satisfacían otras necesidades, además de la alimenticia completando la ingesta láctea y cárnica del ganado ovicaprino, como es el lavado de saleas, mantas o la elaboración de gofio de cosco, entre otras prácticas.

Las poblaciones insulares se han expulsado del litoral para ser ocupado por las grandes empresas hoteleras, y en la actualidad, el modelo turístico impuesto, no cabe conservar estas prácticas ancestrales, todavía con arraigo, deseadas y necesitadas.

La misma administración que pretende borrar de la memoria la casa de Doña Pascuala Roger es la que desde hace años mira para otro lado para no concluir el derribo de los hoteles de las Dunas de Corralejo. A la cadena Riu le permite perpetuar la ocupación, incluso ampliando su
construcción, mientras, a las familias más vulnerables se les priva de sus viviendas, como es este caso. Para esta asociación, este despojo de viviendas destinadas a usos tradicionales, resulta coincidente con el de la casa de Lucía Cáceres González y Gabino Merdina Martín, en
Berrugo en el sur de Lanzarote.

Pueblo Maho se suma a la petición de Suspensión cautelar del derribo y moratoria administrativa de la casa de Doña Pascuala Roger Pérez hasta tanto por parte del Congreso se cumplimente los trámites de la reforma legislativa, que ya hallan en curso.

El pronunciamiento unánime del Parlamento de Canarias de solucionar la permanencia de los núcleos tradicionales asentados en el litoral debe materializarse con hechos, no solo con palabras; pues de lo contrario, será un acuerdo alejado de la problemática creada por la propia

La administración, cuya Ley de Costas de 1988 era inexistente cuando hace más de cien años el bisabuelo de la familia levantó con sus manos esta vivienda para dar cobijo a su prole.

Resulta insultante la agilidad con la que Costas ha diligenciado este procedimiento de derribo, para el que ha necesitado algo menos de un mes, mientras no mueve un papel para derribar la cantidad de hoteles que incumplen normativas de su competencia y que siguen facturando.

Este atropello de poner el foco en quienes cuentan con menos medios materiales para defenderse es la marca de un Estado que no ampara a la ciudadanía indefensa.

Atendiendo a su trayectoria, la asociación Pueblo Maho, insta a la suspensión cautelar del derribo y moratoria administrativa hasta que el Congreso finalice los trámites de la reforma legislativa.