El consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, Manuel Miranda, informó hoy en el Parlamento de Canarias de que la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural (ACPMN) ha abierto en los últimos dos años y medio un total de 44 expedientes por la instalación de viviendas prefabricadas en suelos donde no está permitido hacerlo.

Miranda explicó que la instalación de este tipo de viviendas, más rápida por fabricarse previamente en otro lugar, “no exime del cumplimiento de la normativa urbanística, ambiental o territorial”. Subrayó que los requisitos son los mismos que para una vivienda tradicional y recordó que solo pueden levantarse sobre suelo urbano y con las licencias correspondientes.

“El repunte en el uso de este tipo de construcciones ha podido generar cierta confusión en la ciudadanía, pero la norma es clara: la tipología de la vivienda no modifica las condiciones del suelo ni los permisos que se exigen”, señaló el consejero.

De los 44 expedientes abiertos por la ACPMN, 17 corresponden a Fuerteventura y 16 a Tenerife, mientras que en Lanzarote se han tramitado 5, en Gran Canaria 4, uno en La Gomera y otro en La Palma. Por años, 17 expedientes fueron abiertos en 2023, 18 en 2024 y 9 en los primeros seis meses de 2025.

Miranda recordó además que estos procedimientos conllevan la obligación de retirar o demoler la instalación ilegal y pueden derivar en sanciones económicas. Según la categoría del suelo afectado, las infracciones se consideran graves o muy graves, y las multas oscilan entre 6.000 y 600.000 euros, o un porcentaje mínimo del 100% del valor de lo instalado.

“El mensaje es claro -concluyó Miranda-: toda vivienda, sea modular o tradicional, debe cumplir la normativa y situarse únicamente en suelo urbano con las licencias correspondientes. La Agencia Canaria de Protección del Medio Natural seguirá vigilante para garantizar que el territorio se mantenga ordenado y protegido”.