El Tribunal Supremo ha decidido absolver a un sargento de la Guardia Civil en Fuerteventura que había sido condenado a prisión por retener de forma ilegal a dos mujeres durante horas en el puesto de Morro Jable y después falsear un atestado. Los jueces entienden que el sargento no tuvo intención de retener ilegalmente a las mujeres y achaca el resto de posibles irregularidades y falsedades documentales al «caos» y el «desorden rutinario» de la burocracia del cuartel, según informa CADENA SER.
Los hechos, según la sentencia a la que ha tenido acceso la Cadena SER, ocurrieron en el verano de 2012 en el cuartel de Morro Jable, en la localidad canaria de Pájara, en Fuerteventura. El sargento hizo venir a las dos mujeres acusadas de robar una cartera en una playa cercana, y mantuvo a las dos mujeres durante cuatro horas en el complejo aunque sabía desde hace rato que el afectado no iba a presentar denuncia.
Además, según los hechos probados, creó un hecho delictivo en el Servicio Informático de la Guardia Civil (SIGO) nueve días más tarde y casi dos semanas después elaboró un atestado sobre la detención con una «diligencia de entrega de atestado» en un juzgado de Puerto del Rosario aunque nunca se llegó a entregar en el juzgado.
En un primer momento la Audiencia Provincial de Las Palmas condenó a este sargento, que ya no trabaja en Morro Jable, a una condena de tres años de cárcel por un delito de falsedad en documento oficial y a otros cinco años más de inhabilitación por otro delito contra la libertad individual, pero ahora la sala de lo penal del Supremo ha optado por absolverle al entender que no se trató de una detención arbitraria y que todas las irregularidades correspondientes al atestado tienen que ver con el «caos y el desorden» de las gestiones burocráticas del cuartel de la Guardia Civil.
La sentencia, que ha tenido como ponente al magistrado Vicente Magro, descarta en primer lugar que la retención de las dos mujeres durante cuatro horas en el cuartel responda a una intención del sargento de perpetrar una detención arbitraria. «Todo lo desarrollado en las dependencias de la Guardia Civil fue más debido a una «mala gestión de lo ocurrido» que a la concurrencia de un dolo específico de privar de los derechos y garantías constitucionales del detenido», explica, añadiendo previamente que «no hay intención alguna del recurrente de vulnerar los derechos de las detenidas».
Los jueces sí reconocen que «no fue la mejor forma de actuar» pero no hubo delito, y lo mismo sucede con la elaboración supuestamente irregular del atestado y el registro de los hechos aunque no existiera denuncia. «Todo hace pensar en un caos o desorden e indolencia en la plasmación de los hechos en ese sistema operativo interno», dice el Supremo, hablando incluso de «un desorden rutinario ligado a una burocracia mal gestionada y poco diligente».