El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha calificado como “capital” la Ley de Cambio Climático y Transición Energética que se votará este martes definitivamente en el pleno del Parlamento regional.

El presidente de Canarias ha replicado que esa voluntad de consenso “está demostrada” en el trámite parlamentario, con la aceptación de cerca del 20% de las enmiendas planteadas por los grupos, y antes con el diálogo mantenido con colectivos, sindicatos y patronal. “Hemos escuchado a todos”, ha aseverado.

Es más, ha aseverado que el anteproyecto de la ley ha atendido a “más sugerencias que ninguna otra”; se han solicitado tres prórrogas y ha habido nueve ponencias a lo largo de tres años de trabajo en los que se han recibido más de 400 alegaciones.

Torres detalló que la Ley ha recibido un total de 384 aportaciones ciudadanas en los dos periodos de exposición pública (170 y 214), lo que significa que la sociedad canaria “ha querido participar y siente esta ley como suya, lo que supone otro hito”, pues “hemos escuchado a todos”, apostilló.

Torres también destacó que en su elaboración han intervenido más de 500 personas y colectivos, con reuniones “intensas y diversas”, por lo que se trata de un documento “fruto del trabajo de mucha gente, sin exclusiones y para que todos aportaran lo mejor. Las nuevas obligaciones se coordinarán por la futura Agencia Canaria de Cambio Climático”.

Ante las dudas expresadas por el diputado del Grupo Mixto le ha planteado “la gran pregunta: ¿es urgente o no tener una ley propia contra el cambio climático?”, y en su opinión lo es, tanto que llega con retraso.

Torres espera que la ley salga adelante mañana con un amplio consenso de los grupos, si no es de forma unánime.

Ricardo Fernández de la Puente ha advertido de que su posible aprobación provocará “una grave situación” en Canarias, donde “cambiará todo a peor” y habrá “un parón gravísimo”.

Todo por querer ser “los más avanzados del mundo” en materia de lucha contra el cambio climático y la transición energética, pero que en realidad “nos condena por sus exigencias y su imposible cumplimiento”.

La ley, al detalle

La Ley canaria de Cambio Climático tiene el objetivo prioritario de establecer las medidas necesarias para que las Islas sean un territorio neutro en emisiones en 2040, diez años antes del límite que se han marcado la Unión Europea y el resto de España. El texto, principalmente, ejercerá de base para que se puedan ejecutar las diferentes estrategias que ha acordado el Gobierno en los últimos años, como el Plan de Transición Energética de Canarias, el Plan Canario de Acción Climática o la Estrategia Canarias de Transición Justa y Justicia Climática.

La norma pide que se incorpore la “perspectiva climática” en los procedimientos de ordenación territorial y urbanístico que se desarrollen en la comunidad, algo que muchos colectivos ecologistas y científicos, sobre todo de Tenerife, consideran que no se está haciendo ante la aprobación de varios macroproyectos, como Cuna del Arma o Circuito del Motor, catalogados como “atentados medioambientales”.

El documento también pide llevar esta “perspectiva climática” a los presupuestos regionales y que el 2% del PIB de las Islas se destine a medidas de acción al respecto. Las cuentas de Canarias para 2023 otorgan al departamento de Valbuena unos 262,26 millones de euros, un 2,69% del total de gastos. La Estrategia de Acción Climática del Archipiélago apunta que entre 2030 y 2040, la comunidad se gastará casi 6.000 millones de euros en sectores estratégicos, como la resiliencia del litoral, el uso sostenible de los recursos hídricos, la penetración de renovables y el turismo climáticamente neutro.

Entre otras disposiciones, la ley obligará a las administraciones a incluir en los pliegos de las licitaciones requisitos tenidos en cuenta para la acción climática, como la autosuficiencia energética o la gestión óptima de los residuos. Además, a partir de su entrada en vigor, las instituciones insulares no podrán adquirir vehículos cuyo sistema de propulsión utilice combustibles fósiles y la energía consumida en los edificios deberá ser renovable.

Se creará el Registro Canario de la Huella de Carbono, en el que las empresas podrán calcular tanto los gases de efecto invernadero emitidos como los proyectos de absorción de los mismos. Las administraciones públicas del Archipiélago tendrán que renovar, anualmente, al menos el 5% de la superficie edificada del parque inmobiliario que tenga en propiedad, así como elaborar planes de eficiencia energética de dichos bienes.