El Juzgado de Primera Instancia Número 3 de Puerto del Rosario decretó el sobreseimiento de la causa por un supuesto delito de mala gestión de la depuradora por residuos abierta por el SEPRONA y la Fiscalía contra el exalcalde de Antigua, Juan José Cazorla y los concejales Gustavo Berriel Hernández, Jonathan Peña, Ismael Tejera y José Acosta.
La denuncia fue interpuesta ante SEPRONA en el año 2017 por Unidas Podemos Antigua, el ayuntamiento tuvo que vaciar estas gavias donde se están vertiendo aguas fecales. Justo al lado de la depuradora-impulsadora de Antigua.
De lo actuado, al haberse declarado conclusa la instrucción, no aparece debidamente justificada la perpetración del delito que ha dado motivo a la formación de la
causa, por lo que de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 779-1, apartado 1º, y 641-1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, procede decretar sobreseimiento provisional de las
actuaciones.
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Puerto del Rosario abrió diligencias previas tras la denuncia de la Fiscalía de Medio Ambiente y el Servicio de la Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) por un presunto delito contra el medio ambiente por la gestión en la depuración de aguas residuales alimentación humana. Por ello, se podría sumar al presunto delito de medio ambiente otro contra la salud pública.El origen de la denuncia se remonta al 18 de septiembre de 2019 cuando los agentes del Seprona tienen conocimiento de los continuos vertidos de aguas fecales por el cauce del barranco procedentes de la depuradora de Antigua.
La Fiscalía de Medio Ambiente, a cuyo frente se encuentra Clara Serrano, decidió abrir las diligencias de investigación número 100/2019 con motivo de la denuncia de los agentes del Seprona de la Guardia Civil sobre el funcionamiento de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Antigua, donde los agentes detectaron, según consta en el informe policial, vertidos de aguas residuales por el cauce del barranco afectando al acuífero público. Los agentes documentaron su investigación no solo gráficamente sino con resultados de analíticas de las muestras de las aguas que discurrían cauce abajo procedentes de la depuradora.
Tras la polémica, el Ayuntamiento contrató una empresa para trasladar el agua fecal hasta la depuradora de El Castillo.