En un Consejo de Ministros extraordinario, el Gobierno ha aprobado una serie de medidas urgentes para mitigar los efectos laborales de la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) que ha devastado diversos municipios entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024. El paquete de medidas, que forma parte de un Plan de Respuesta Inmediata para la reconstrucción y el relanzamiento de las zonas afectadas, incluye un conjunto de derechos laborales y ayudas económicas para las personas trabajadoras, especialmente aquellas en áreas gravemente impactadas por las inclemencias meteorológicas. El Gobierno aprueba un «escudo laboral» para proteger a los trabajadores y al tejido productivo afectados por la DANA.

Plan de empleo y ayudas económicas
El Gobierno destinará 50 millones de euros a través del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) para contratar personas desempleadas en las zonas afectadas por la DANA, priorizando a los trabajadores del sector agrario. Esta medida tiene como objetivo tanto crear empleo para quienes se vean imposibilitados de realizar sus labores agrícolas como contribuir a la reconstrucción de las áreas devastadas.

Derechos laborales extraordinarios
Entre las medidas más destacadas se encuentran los permisos retribuidos y no recuperables, que permitirán a los trabajadores ausentarse de su puesto de trabajo sin perder salario y sin que se computen como faltas injustificadas. Estos permisos se aplican en casos como la imposibilidad de acudir al centro de trabajo debido a las condiciones meteorológicas, la pérdida de la vivienda o efectos personales, o la atención de familiares afectados por la DANA.

Plan MECUIDA y flexibilidad laboral
El Plan MECUIDA, ya en vigor, se refuerza con medidas específicas para garantizar la adaptación o reducción de la jornada laboral para quienes tengan que atender responsabilidades familiares derivadas de la catástrofe. Asimismo, el trabajo a distancia se prioriza en aquellos casos en los que sea posible, como forma de garantizar la seguridad de los trabajadores y la continuidad de la actividad.

ERTE y protección del empleo
Se agilizan los procedimientos para la tramitación de Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) en las empresas afectadas por la DANA. Los trabajadores acogidos a estas medidas recibirán una prestación equivalente al 70% de la base reguladora de su salario durante todo el periodo de suspensión o reducción de jornada. Además, se ha establecido que el despido de trabajadores en empresas que se beneficien de estas ayudas será considerado nulo, obligando a las empresas a devolver las ayudas recibidas en caso de despido.

Protección para el colectivo de empleadas de hogar
Una de las medidas más novedosas de este paquete legislativo es la inclusión de las trabajadoras del hogar en el conjunto de derechos laborales extraordinarios. A partir de ahora, las empleadas de hogar podrán acogerse a las mismas medidas de protección por desempleo y ERTE que los trabajadores del resto de sectores. Esto incluye la suspensión temporal de contratos y la posibilidad de percibir el 70% de la base reguladora durante el tiempo que dure la imposibilidad de prestar sus servicios debido a la DANA.

Economía social y cooperativas
El «escudo laboral» también se extiende a las cooperativas y a las personas socias trabajadoras, garantizando que puedan beneficiarse de las mismas medidas de apoyo que el resto de los trabajadores afectados. Esto incluye derechos como la suspensión temporal de la actividad o la reducción de jornada, así como la prohibición de realizar despidos en las cooperativas que hagan uso de estas ayudas.

Compromiso con la reconstrucción y el empleo
Con estas medidas, el Gobierno busca no solo proteger los derechos laborales de las personas afectadas, sino también asegurar que la reconstrucción de las zonas devastadas por la DANA se realice con la mayor celeridad posible, fomentando la contratación de trabajadores locales y ofreciendo un «escudo» económico y social frente a los efectos del cambio climático, que cada vez más afecta a las condiciones de vida y laborales de la ciudadanía.

Las medidas adoptadas por el Ejecutivo refuerzan el compromiso del Gobierno con la respuesta inmediata ante desastres naturales, proporcionando un marco de seguridad para los trabajadores y las empresas afectadas, mientras se avanza en la recuperación de las zonas devastadas. El Gobierno aprueba un «escudo laboral» para proteger a los trabajadores y al tejido productivo afectados por la DANA.