El gasto en pensiones ha marcado una nueva cifra récord en diciembre, con un desembolso que ha ascendido a más de 13.000 millones de euros, lo que representa un aumento del 6 % respecto al año anterior. Este mes se han pagado más de 10 millones de pensiones contributivas y no contributivas, un gasto que hay que cubrirlo vía otros impuestos y vía deuda, ya que no es suficiente con lo recaudado por las cuotas a la Seguridad Social.

Este incremento se debe no solo a que hay una diferencia enorme entre el número de pensionistas hace 20 o 25 años y el de hoy en día, sino a que los nuevos pensionistas que entran en el sistema lo hacen con prestaciones más altas. Ante este panorama, se pone en duda la viabilidad del modelo actual.

Según los expertos, mientras la prima de riesgo se mantenga en niveles bajos, habrá margen para que el Estado se endeude y pueda seguir pagando las pensiones. Sin embargo, la mayoría aboga por impulsar una «contrarreforma a la de Escrivá» para corregir lo que consideran «el lío monumental en el que estamos».

Entre las propuestas de los economistas para garantizar la sostenibilidad, en primer lugar, se considera que «lo primero que hay que hacer es sacar las pensiones no contributivas de la Seguridad Social«. En segundo lugar, defiende que el sistema de pensiones debe evolucionar hacia un modelo mixto como el de otros países de nuestro entorno, donde la gente «cotice a su nombre».

Se apunta a la necesidad de transitar hacia un sistema de cuentas nocionales donde, además de la parte obligatoria, exista una parte de capitalización en la que «cada uno se responsabiliza de su ahorro». Para mejorar el modelo actual, la importancia de mejorar la productividad, lo que conduciría a mejores salarios y, por tanto, a mayores cotizaciones a la Seguridad Social.

La preocupación por el futuro de las pensiones es generalizada. Según un macroestudio de la patronal europea de aseguradoras, el 80 % de los españoles cree que con el actual sistema no podrá mantener su nivel de vida una vez jubilado. A pesar de ello, en España solo un 25 % de los trabajadores cuenta con un plan de pensiones privado, seis puntos por debajo de la media europea.

Esta situación se debe a que «en España no se facilita el ahorro para pensiones, es más, se penaliza». Con el actual Gobierno «se ha reducido el dinero que te puedes desgravar anualmente si lo que quieres es tener un plan de pensiones privado». A esto se suma que los planes de empresa solo cubren al 14 % de los empleados, ya que, los empresarios no pueden asumirlo debido a las altas cotizaciones sociales que ya soportan.

El pasado 24 de diciembre, el BOE publicó la revalorización de las pensiones para 2025: un 2,7 % para las contributivas, un 7 % para las mínimas y un 11,4 % para las no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital. Sin embargo, los economistas piden «sentido común y mesura» en estas subidas generalizadas. Los expertos insisten en que «no es lo mismo subirle un 2,7 por 100 a alguien que tiene una pensión de 3.000 euros que a alguien que tiene una pensión de 1.000».

De esta manera, el país se enfrenta a un escenario de absentismo laboral disparado, caída de la productividad y una presión fiscal creciente. En este contexto, el recurso a la deuda, recordando que los intereses de la misma ya son la segunda partida de gasto más importante del Estado se pagan con los impuestos de los ciudadanos actuales.