El Gobierno central se hará cargo, a partir del 9 de abril, de 1.008 menores migrantes no acompañados que hasta ahora dependían de Canarias tras solicitar asilo o protección internacional. Esta medida busca reducir la saturación en los centros de acogida del archipiélago y responde a una resolución del Tribunal Supremo, que confirma que la competencia en estos casos recae en el Estado. El Estado asumirá la tutela de más de 1.000 menores migrantes no acompañados en Canarias.

Traslado progresivo y atención individual

El proceso de reubicación será paulatino y personalizado. Tanto el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, como el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, han explicado que se analizará la situación de cada menor antes de trasladarlo. No habrá traslados masivos.

Además, cualquier menor migrante que llegue solo a Canarias y solicite asilo pasará automáticamente a depender del Sistema Nacional de Acogida de Protección Internacional.

Coordinación entre administraciones

Para gestionar la reubicación, los ministerios implicados trabajan con las comunidades autónomas. En una reunión en Santa Cruz de Tenerife, representantes de Inclusión y Migraciones, Juventud e Infancia e Interior acordaron que los menores estarán bajo el sistema estatal, no autonómico.

El ministro Torres destacó la importancia de garantizar el bienestar de los niños y niñas, asegurando que cada caso se estudiará a fondo. Algunos menores ya están escolarizados o próximos a la mayoría de edad con oportunidades laborales, lo que se tendrá en cuenta en su traslado.

Un desafío legislativo pendiente

El Congreso debe convalidar la reforma legal que permite la redistribución de estos menores. Torres advirtió que, si el decreto no se aprueba, 4.000 menores seguirán en Canarias sin una solución clara, lo que agravará la saturación en los centros de acogida.

Clavijo expresó su preocupación por el retraso en la aplicación de las medidas. Algunas comunidades autónomas han entregado datos incompletos o han presentado recursos ante el Tribunal Constitucional, lo que complica el proceso.

El próximo martes se celebrará una conferencia sectorial para avanzar en la redistribución. Torres advirtió que, si las comunidades no entregan la información requerida, el Gobierno tomará acciones legales para garantizar el respeto a los derechos de los menores. El Estado asumirá la tutela de más de 1.000 menores migrantes no acompañados en Canarias.