El Cabildo de Fuerteventura ha vuelto a pedir la anulación definitiva de las solicitudes admitidas a trámite para la extracción de tierras raras en la Isla. Una actividad supone un riesgo a los valores naturales y paisajísticos de la Isla. También para el bienestar y la salud de las personas como una de las industrias más contaminantes del planeta. El Cabildo de Fuerteventura insiste en la necesidad de anular definitivamente los permisos para extraer tierras raras
La presidenta de la Corporación insular, Lola García, lo solicitó ya por escrito en marzo de 2024. Además, en persona al consejero de Economía e Industria del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez. En una visita realizada a Fuerteventura en febrero de este año.
Al no recibir respuesta, Lola García, en nombre del Cabildo de Fuerteventura, ha vuelto a dirigir un escrito al consejero. Reiterando la importancia de clausurar definitivamente las solicitudes admitidas a trámite. Además, vuelve a solicitar la relación de permisos de exploración, investigación y/o explotaciones concedidas. Aquellas presentadas o que se encuentran en trámite de los últimos diez años.
“Fuerteventura ha mostrado su rechazo unánime a las tierras raras y el asunto debe cerrarse de una vez por todas. Es una actividad que preocupa a la ciudadanía majorera por poner en riesgo nuestro modo de vida y modelo de Isla”., explica García. “Las administraciones competentes tienen que hacerlo no sólo con palabras, sino anulando de una vez el trámite administrativo que autoriza las investigaciones de tierras raras en diferentes puntos de la geografía insular”.
El Cabildo de Fuerteventura insiste en la necesidad de anular definitivamente los permisos para extraer tierras raras
García recuerda que, desde un primer momento, el Cabildo de Fuerteventura mostró su rechazo a las tierras raras, presentando alegaciones para detener las autorizaciones. Un sentir que ha sido refrendado por los ayuntamientos, la FECAM y la FECAI, así como el Parlamento que votó su paralización. Además, un informe realizado por juristas especializados, a solicitud del Cabildo, respalda la posición de la institución insular. Se opone firmemente a cualquier tipo de extracción en Fuerteventura. Considera que dichas actividades son incompatibles con la normativa vigente, así como con los valores naturales y culturales de la Isla.