La consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, Jéssica de León, ha pedido este martes a los Ayuntamientos adaptar la especialización de usos del suelo, cuando ya está consolidado y no requiere de transformación urbanística, para resolver la situación en la que se encuentran los propietarios que destinan sus apartamentos turísticos a un uso residencial.  De León insta a Ayuntamientos a resolver la situación del uso residencial en las zonas turísticas.

Durante su intervención en el pleno del Parlamento de Canarias, De León remarcó que las corporaciones locales son las que tienen competencias sobre el planeamiento urbanístico, y no el Gobierno autonómico ni sus servicios de inspección.

Al respecto, aclaró que “las sanciones se han interpuesto en estricto cumplimiento de la ley porque nunca se ha desarrollado el principio de especialización de usos, a pesar de que la norma está vigente desde 2003, se volvió a recoger diez años más tarde en la ley 2/2013 y se consolidó en la Ley del Suelo y Espacios Protegidos de Canarias”.

De León señaló que «ordenar la Canarias que nos hemos encontrado requiere tiempo, paciencia y altas dosis de valentía». «Queremos una Canarias en la que se ordene atendiendo a la situación actual, pero también donde se cumplan las leyes”, subrayó.

Por ese motivo, la Consejería acometerá en esta legislatura la renovación del bloque normativo. Sin embargo, insistió, en que “esto sólo podrá lograrse si todo el mundo cumple sus competencias: nosotros la legislativa y los municipios la especialización de los usos de las parcelas”.

De León insta a Ayuntamientos a resolver la situación del uso residencial en las zonas turísticas

Con ese objetivo, De León apuntó que, además de con la Plataforma de afectados por la ley turística, se ha reunido con los alcaldes de los municipios, con el fin de estudiar fórmulas que ayuden a atajar este problema. Entre las propuestas planteadas, el Gobierno autonómico ha solicitado a los alcaldes que tramiten la especialización de las parcelas en los casos donde el uso residencial sea reconocido por los Ayuntamientos.

“Incoar dichos expedientes, ya sea a través de una ordenanza provisional o de modificaciones puntuales de los planes generales, nos podría permitir paralizar de forma cautelar los procedimientos sancionadores iniciados con respeto a la legalidad vigente», concluyó.