Coalición Canaria-PNC lamentó este lunes que, finalmente, se “hayan
cumplido los pronósticos tras el fin del estado de alarma decretado por
el Estado que ha sumido en un caos legal a las Comunidades Autónomas,
entre ellas Canarias”.

Los nacionalistas canarios advirtieron desde el primer momento tras el
anuncio de Sánchez, en plena campaña por las elecciones autonómicas en
Madrid, que “era necesario articular mecanismos legales que evitaran
precisamente lo que está ocurriendo ahora”.

De esta forma, valoran el varapalo del Tribunal Superior de Justicia de
Canarias a la continuidad de las restricciones de movilidad y toque de
queda como “previsibles” y fruto de la “falta de liderazgo, de gestión y
a la improvisación del Gobierno de Ángel Víctor Torres”.

En este sentido, señalan que “no se puede gestionar una crisis sanitaria
a la carta cuando todos los expertos apuntan a la necesidad de dar
continuidad a determinadas restricciones hasta que se avance en la
vacunación de la población y se obtenga la inmunidad de rebaño”. En este
contexto, los nacionalistas canarios temen que la falta de previsión
“ponga en peligro el esfuerzo hecho hasta ahora por la ciudadanía y los
sectores sanitario y económicos”.

Asimismo, insisten en la necesidad de “homogeneizar criterios desde la
legalidad para proteger a la ciudadanía pero también para impulsar una
recuperación económica y social que no se va a producir si el PSOE es
incapaz de gestionar la pandemia desde la certidumbre y la más absoluta
seguridad jurídica”, por lo que piden se convoque la Conferencia de
Presidentes para abordar la situación.

Coalición Canaria-PNC insta al PSOE “a reconducir la situación para
evitar que se pongan en duda cada una de las decisiones que adopte el
Gobierno de Canarias para proteger la salud de los ciudadanos y
ciudadanas”. De esta forma, señalan que “la solución a este caos
generado por el propio PSOE no está en el TSJC ni en el Tribunal
Supremo, la solución está en Moncloa” y apelan a la necesidad de que “se
abra el diálogo urgente entre el Estado y las Comunidades y Ciudades
Autónomas para evitar judicializar cada una de las decisiones que se
adopten en los Consejos de Gobierno de cada territorio”.