El Parlamento de Canarias ha iniciado el proceso legislativo de una normativa que busca equilibrar el turismo y el derecho a la vivienda en el archipiélago. La consejera de Turismo y Empleo, Jéssica de León, presentó el proyecto de Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas ante la presidenta del Parlamento autonómico, Astrid Pérez, marcando el inicio de su debate en la Comisión de Cabildos. Canarias impulsa una nueva ley para regular el alquiler vacacional.

Control y competencias de los cabildos

Durante su intervención en la comisión parlamentaria, De León enfatizó la importancia del papel de los cabildos y ayuntamientos en la supervisión de la vivienda vacacional. Explicó que estos organismos ya cuentan con atribuciones para gestionar la apertura, modificación y cierre de estos alojamientos, así como para inscribirlos en el Registro General Turístico.

Asimismo, reconoció que muchos municipios e instituciones insulares carecen de los recursos suficientes para ejercer un control efectivo. Por ello, la nueva legislación permitirá a las administraciones delegar estas funciones en colegios profesionales u otras entidades, con el objetivo de facilitar la gestión y garantizar el cumplimiento normativo.

Turismo y calidad de vida: un equilibrio necesario

Uno de los principales objetivos del proyecto es garantizar que el auge de la vivienda vacacional no comprometa el acceso a una vivienda digna para los residentes. La consejera recordó que este tipo de alojamiento representa ya el 39% de la oferta turística del archipiélago y que su crecimiento descontrolado ha contribuido a la tensión en el mercado inmobiliario.

Además, la normativa busca preservar la identidad de barrios y municipios, asegurando que el desarrollo del sector turístico no afecte negativamente a la convivencia ni al ordenamiento territorial.

Medidas para frenar la expansión descontrolada

El texto legislativo establece un periodo de cinco años en el que no se concederán nuevas autorizaciones, dando así margen a los ayuntamientos para definir qué zonas pueden admitir más viviendas de uso turístico y en qué cantidad.

En la actualidad, alrededor de 1,1 millones de viviendas en Canarias podrían destinarse al turismo vacacional. Para evitar una expansión incontrolada, el proyecto reserva el 90% del suelo urbano para uso residencial, mientras que en las denominadas «islas verdes» esta cifra será del 80%. Además, en áreas con mercado tensionado se prohibirá cualquier nuevo crecimiento de esta modalidad de alojamiento.

Por otro lado, las viviendas de protección oficial quedarán excluidas del uso turístico, garantizando que sigan destinadas a su propósito original: facilitar el acceso a la vivienda a quienes más lo necesitan.

Un modelo adaptado a la realidad canaria

La consejera subrayó que la ley respeta las particularidades del territorio y la legislación vigente en materia de suelo y espacios protegidos. También destacó que, en zonas como La Palma, la regulación permitirá que las personas afectadas por la erupción volcánica puedan continuar con esta actividad económica, contribuyendo a la recuperación de la isla.

Aunque la normativa no es la única solución al problema del acceso a la vivienda en Canarias, De León insistió en que representa un paso clave para devolver a la vivienda su función social y fomentar un modelo turístico más sostenible y equilibrado. Canarias impulsa una nueva ley para regular el alquiler vacacional.