La CNMC critica el enfoque del Gobierno canario por establecer límites que podrían reducir significativamente la oferta de alojamiento vacacional en el archipiélago. Canarias defiende su plan contra el alquiler vacacional pese a las críticas de Competencia.
El regulador advierte sobre barreras desproporcionadas
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha lanzado una advertencia al Ejecutivo canario por su anteproyecto de ley para regular el alquiler vacacional. Según el organismo, las medidas propuestas podrían dificultar tanto el acceso como la permanencia de este tipo de alojamientos, hasta convertirlos en un fenómeno marginal.
En su análisis de 41 páginas, la CNMC destaca que varias de las restricciones previstas podrían generar obstáculos innecesarios para los operadores turísticos. Entre ellas, menciona el requisito de una antigüedad mínima de diez años para las viviendas, la suspensión automática de nuevas licencias en áreas tensionadas o el límite del 90% del suelo residencial reservado exclusivamente para uso habitual.
Canarias responde: “Se olvida de las personas”
El Gobierno de Canarias ha reaccionado con firmeza al informe. El viceconsejero de Turismo, José Manuel Sanabria, ha expresado su desacuerdo con el planteamiento de la CNMC, al que acusa de enfocarse exclusivamente en el mercado, sin tener en cuenta la crisis habitacional que atraviesa el archipiélago.
Sanabria defiende que el anteproyecto se inspira en modelos similares ya implantados en grandes capitales europeas. Según sus declaraciones, las restricciones buscan proteger a los residentes ante la presión inmobiliaria y no permitirán que las viviendas protegidas se destinen al turismo.
La CNMC propone ajustes y excepciones
El organismo estatal no rechaza por completo la regulación, pero sí exige mayor equilibrio. Entre sus sugerencias, plantea excluir de la normativa los arrendamientos por motivos laborales, académicos o sanitarios, al no considerarlos estrictamente turísticos.
También cuestiona el límite mínimo de antigüedad de los inmuebles y pide mayor flexibilidad para la conversión de locales comerciales en alojamientos vacacionales, incluso en zonas de alta demanda.
Además, recomienda revisar los porcentajes de suelo reservado, así como los requisitos técnicos sobre baños, eficiencia energética o capacidad máxima, para asegurar que sean proporcionados y no excluyentes.
División de opiniones dentro del organismo
La aprobación del informe no fue unánime. El consejero Carlos Aguilar Paredes emitió un voto en contra, alegando que el documento no valora adecuadamente los argumentos presentados por el Gobierno canario. Aguilar cree que las restricciones propuestas están justificadas y considera infundadas las predicciones de que la actividad quedaría reducida a niveles residuales.
La patronal aplaude el informe
Desde el sector empresarial, la reacción ha sido bien distinta. La Asociación Canaria de Alquiler Vacacional (Ascav) ha celebrado el dictamen de la CNMC. Su portavoz, Doris Borrego, considera que el anteproyecto, si se aprueba tal y como está, podría provocar un fuerte retroceso en el sector turístico canario y afectar a la competitividad del destino.
¿Crisis habitacional o protección del mercado?
El debate continúa abierto en Canarias, donde se intenta equilibrar el derecho a una vivienda digna con el auge del turismo vacacional. Mientras el Gobierno regional insiste en que la regulación es imprescindible para frenar la emergencia habitacional, las voces críticas apuntan a un posible exceso de intervención que podría dañar el dinamismo económico y la libertad de mercado. Canarias defiende su plan contra el alquiler vacacional pese a las críticas de Competencia.