La Junta del Consorcio de Abastecimiento de Aguas a Fuerteventura (CAAF) reunida en sesión extraordinaria hoy, 21 de noviembre, ha acordado, por unanimidad de todos sus miembros, acogerse a la propuesta de contratación del suministro eléctrico para lo restante de 2022 y el primer semestre de 2023 a través del Acuerdo Marco recibido de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

Esta propuesta permite poner remedio de modo inmediato al incremento de los costes de energía, que gravan la desalación de agua en la Isla. Actualmente, se alcanza un incremento del 300%, superando los 21 millones de euros. La adhesión a este acuerdo va a permitir reducir esta cuantía en más de 3 millones, descendiendo a los 18 millones de euros.

“De ahí la urgencia de celebrar esta sesión extraordinaria, que van a permitir el ahorro de más de 3 millones de euros, como medida inmediata hasta que sepamos con seguridad si se estabiliza la situación y a qué otras opciones podemos acogernos”, explicó el presidente del Cabildo, Sergio Lloret López. En palabras del presidente insular, esta medida es “la opción menos mala”, siguiendo las recomendaciones de los servicios del Consorcio de Abastecimiento de Aguas a Fuerteventura (CAAF).

La factura prevista para el CAAF va a suponer un sobresfuerzo por parte de todas las instituciones que conforman el Consorcio. Esto es, un 60% corresponde al Cabildo y un 40% a los ayuntamientos. En 2022 es el propio CAAF quien hace frente a los incrementos de las tarifas con remanentes de su presupuesto. Sin embargo, de cara a 2023, es necesario que los ayuntamientos se unan a este esfuerzo para hacer frente a los sobrecostes y evitar, finalmente, que afecten a las tarifas de los abonados. Todos los ayuntamientos han mostrado su conformidad a este respecto, a excepción del Ayuntamiento de Tuineje que ha votado en contra en la última junta del CAAF y el Ayuntamiento de La Oliva que se abstiene.

En este sentido, el presidente del Cabildo subraya que “el objetivo básico es que la subida de los costes, que esperamos que sea excepcional, no repercuta en lo que deben de pagar los consumidores finales, que ya han tenido que soportar bastante con los precios del combustible, la energía doméstica o la cesta de la compra”.

Por su parte, el consejero de Aguas del Cabildo de Fuerteventura, David de Vera, añade que esta medida inmediata y urgente de aportación económica conjunta por parte del Cabildo y ayuntamientos tiene que verse complementada con fondos extraordinarios que deben venir tanto del Gobierno de Canarias como del Estado. “Es necesario establecer un frente común para reclamar medidas alternativas a la comunidad autónoma y el ejecutivo central. Es decir, exigirles un mayor compromiso con las ayudas públicas que se destinan a la desalación de agua en el Archipiélago, que son del todo insuficientes en el actual contexto de crisis energética”. De los 8,5 millones que recibe Canarias para la desalación de agua, el CAAF percibe poco más de medio millón de euros.

Tanto Lloret como De Vera destacan, también, los trabajos del Plan Insular de Cooperación y Garantías de Abastecimiento Domiciliario de Agua (PICABAS), cuyos proyectos de interés insular avanzan a buen ritmo, de cara a renovar el sistema de abastecimiento de agua potable. En este plan, el ahorro energético cuenta con un papel esencial, teniendo en cuenta fuentes alternativas de energía. Los proyectos permitirán una mejora en la eficiencia de la plantas desaladoras y canalizaciones de abastecimiento de agua, lo que va a repercutir en una reducción de los costes de energía.