“El Estado sigue manteniendo una autoridad caciquil sin tener en cuenta las singularidades de Fuerteventura y de Canarias con respecto a su litoral”, señalan desde la formación nacionalista.

Asimismo, AM-CC critica la “sumisión” de los representantes del PSOE en Canarias y Fuerteventura. “Han sido incapaces de levantar la voz ante su propio partido para poner fin a estas actuaciones”, afirman.

En este sentido, han señalado tanto al ministro Ángel Víctor Torres, como a la representante socialista por Fuerteventura en el Senado, Paloma Hernández, así como alcalde de Pájara, Alejandro Jorge, y al vicepresidente del Cabildo, Blas Acosta, a quienes reprochan “no exigir
a sus compañeros en el Gobierno de España un cambio en su forma de actuar sobre nuestro litoral”.

Por otro lado, la formación nacionalista recuerda que fue el Cabildo de Fuerteventura quien adoptó las medidas cautelares que permitieron frenar el primer intento de derribo de la vivienda, mientras se estudian los posibles valores patrimoniales del inmueble.

El reciente anuncio sobre una nueva intervención del Estado en dicha vivienda, prevista para el próximo 21 de septiembre y dirigida a su inhabilitación para los usos prohibidos por la Ley de Costas, ha generado una gran preocupación. La institución insular, a pesar de no contar con competencias para decidir sobre la ocupación del dominio público marítimo-terrestre, continúa trabajando para buscar una solución dentro de sus competencias y evitar que cualquier actuación pueda ocasionar una pérdida irreparable.

En este contexto, desde el partido se ha puesto en valor la implicación de la Presidencia del Cabildo y del área de Patrimonio, poniendo en marcha herramientas para tratar de proteger el inmueble, y critican que el Estado mantenga una política de hostilidades sobre
el patrimonio y las familias majoreras. Para los nacionalistas, el Ministerio sigue ninguneando la postura de las instituciones de la isla y de Canarias, actuando de forma unilateral, sin coordinación ni comunicación de ningún tipo.

“No se entienden las prisas del Ministerio para la Transición Ecológica y de la Dirección General de Costas del Gobierno de España por actuar. No creemos que la Casa de Cueva de la Negra sea ahora mismo el principal problema del Estado ni que exista una urgencia que justifique estas actuaciones”, insisten.

AM-CC reclama las competencias en costas para las instituciones canarias Asamblea Majorera–Coalición Canaria Fuerteventura considera que esta situación pone en evidencia las limitaciones del actual reparto competencial en materia de Costas y la necesidad de que Canarias pueda ejercer plenamente las competencias reconocidas en su Estatuto de Autonomía de 2018. Actualmente, Canarias y el Estado mantienen discrepancias sobre el alcance de estas competencias en la gestión del dominio público marítimo-terrestre.

Por este motivo, desde el Parlamento de Canarias se ha continuado reclamando, mediante diferentes iniciativas, que el Archipiélago ejerza plenamente las competencias que le corresponden sobre su costa.

Según los nacionalistas, “no tiene sentido que decisiones que afectan a nuestro litoral se sigan tomando a kilómetros de aquí, sin conocer el territorio ni las singularidades de Canarias”.

“El caso de la Cueva de la Negra ha servido para poner nuevamente el foco sobre esta situación. Nos preocupa porque en circunstancias similares se encuentran varias viviendas y enclaves tradicionales como Los Molinos, Isla de Lobos, Jacomar y otros asentamientos costeros que forman parte de la historia de Fuerteventura”, señalan.

Más problemas con Costas del Estado en Pájara
El derribo o desocupación de la Cueva de la Negra no es el único conflicto abierto en el municipio de Pájara. En este municipio existen varias las actuaciones que se están siendo perjudicadas por la política abusiva del Gobierno de España sobre el litoral majorero.

Entre ellas, apuntan al requerimiento para eliminar el aparcamiento del cementerio de Cofete, así como los aparcamientos de Risco del Paso y de la playa de El Salmo, este último ya cerrado. También, el Estado ha interpuesto dificultades para acondicionar los accesos a las playas en buena parte de la costa del municipio y el bloqueo a la adecuación del paseo de La Lajita. En este último caso, se atendieron y subsanaron los requerimientos solicitados por el Estado, sin embargo, “han vuelto a bloquear la actuación”, lamentan desde AM-CC.

Desde la formación concluyen que “estas circunstancias seguirán produciéndose mientras el Gobierno de Canarias no pueda ejercer plenamente las competencias que le corresponden sobre la gestión de su litoral en el archipiélago”.