El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, y el director gerente de VISOCAN, Javier Terán, han presentado esta mañana el Código de Buenas Prácticas con el Sector Inmobiliario de Canarias (CIVICAN), un instrumento pionero destinado a establecer un marco común de principios, deberes y estándares de actuación que orienten la actividad inmobiliaria en las Islas hacia prácticas responsables, transparentes y legalmente seguras. El Gobierno de Canarias y el sector inmobiliario elaboran un Código para promover prácticas responsables
El documento, impulsado por la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, en colaboración con las asociaciones profesionales del sector, ha nacido con el objetivo de reforzar la confianza entre la ciudadanía y los agentes inmobiliarios, ofreciendo mayor credibilidad y garantías a quienes intervienen en procesos de compraventa o alquiler de vivienda.
Al acto de presentación ha asistido la Asociación Canaria de Empresas de Gestión Inmobiliaria, como primer agente adherido, con la representación de su presidente, Rafael Tarajano. El consejero Pablo Rodríguez ha destacado que “el Código de Buenas Prácticas del Sector Inmobiliario nace con la voluntad de generar confianza y ofrecer garantías a la ciudadanía en uno de los ámbitos más sensibles de su vida, el acceso a una vivienda”.
En esta línea, Rodríguez ha destacado que esta iniciativa “marcará un antes y un después en la profesionalización del sector reforzando la transparencia, la ética y la seguridad jurídica en todas las operaciones”. Asimismo, ha añadido que “comprar o alquilar una vivienda no puede entenderse como una transacción económica, sino como un paso esencial en la construcción de un proyecto de vida”. En este sentido, ha explicado que el Código “es un sello de calidad que distingue a los profesionales que actúan con rigor, honestidad y compromiso, ofreciendo a los ciudadanos la certeza de que están en manos de agentes acreditados y comprometidos con la legalidad y las buenas prácticas”.
El presidente de la Asociación Canaria de Empresas de Gestión Inmobiliaria, Rafael Tarajano, ha apuntado que “la compraventa o el alquiler de una vivienda es una de las decisiones más importantes que toma una familia a lo largo de su vida, y por eso resulta esencial contar con profesionales formados, éticos y comprometidos que acompañen todo el proceso con rigor y transparencia”. Asimismo, ha destacado que el Código “servirá para dignificar la profesión, reconocer a los agentes que hacen las cosas bien y ofrecer a los consumidores una referencia clara de confianza y calidad”.
Tarajano ha añadido que “con este acuerdo damos un paso decisivo hacia la profesionalización real del sector inmobiliario en Canarias”. Recordando, además que “el Registro de Agentes Inmobiliarios, unido ahora al Código de Buenas Prácticas, permitirá identificar a quienes actúan con responsabilidad y alejar del mercado a quienes no cumplen con los estándares mínimos que la sociedad merece”.
Por su parte, el director gerente de VISOCAN, Javier Terán, ha destacado “la importancia de avanzar en la colaboración público-privada para fortalecer la confianza en el mercado inmobiliario”. Además, ha indicado que el nuevo Código “supone un paso firme hacia un modelo más transparente y seguro, en el que tanto propietarios como inquilinos puedan tener la tranquilidad de que sus operaciones se desarrollan con todas las garantías éticas y jurídicas”.
Terán ha subrayado además que “iniciativas como esta pueden contribuir a que afloren más viviendas al mercado, tanto en régimen de alquiler como de compraventa, al ofrecer mayor seguridad y fiabilidad a la ciudadanía”. En ese sentido, ha asegurado que desde VISOCAN “se impulsará la difusión y el seguimiento del Código, con el objetivo de que cada vez sean más las agencias y profesionales que se adhieran y promuevan una cultura de buenas prácticas que beneficie a todo el sistema”.
El Código define principios rectores como la transparencia, la protección de los derechos de los consumidores, la igualdad, la no discriminación y la legalidad en todas las operaciones inmobiliarias. Además, establece mecanismos de supervisión, arbitraje y resolución de conflictos, e incorpora un distintivo oficial que identificará a los agentes adheridos.
Asimismo, ha fomentado la difusión de las políticas públicas de vivienda, el acceso a ayudas y subvenciones, y el uso de herramientas de garantía en los contratos de arrendamiento, con el fin de reforzar la seguridad jurídica y económica de propietarios e inquilinos.
Pueden consultar el Código en este enlace.
El Gobierno de Canarias y el sector inmobiliario elaboran un Código para promover prácticas responsables