El Gobierno de Canarias ha iniciado este martes los contactos con la Federación Canaria de Municipios (Fecam) para estudiar cambios normativos que permitan a los ayuntamientos establecer restricciones a la adquisición de viviendas por parte de ciudadanos extranjeros. La propuesta pasa por modificar la Ley de Régimen Local, de forma que sean las corporaciones municipales quienes puedan aplicar medidas específicas. Canarias abre la vía legal para que los ayuntamientos limiten la compra de vivienda por parte de extranjeros.
El presidente autonómico, acompañado por el vicepresidente y el consejero de Vivienda, mantuvo un encuentro en Tenerife con representantes locales para detallar los avances en esta iniciativa, planteada meses atrás en la Conferencia de Presidentes. El objetivo es lograr un frente común con los municipios ante una situación que preocupa por su impacto en el acceso a la vivienda.
Los datos confirman la tendencia: más de un tercio de las compraventas en Canarias durante 2024 correspondieron a extranjeros. En el segundo trimestre de este año, la proporción alcanzó casi el 30% de las operaciones registradas, el doble de la media nacional.
Aunque el Ejecutivo admite que en el marco de la Unión Europea cualquier limitación choca con la libertad de circulación de capitales, se plantean fórmulas alternativas, como mecanismos fiscales disuasorios o condiciones vinculadas al empadronamiento y la residencia laboral.
La reunión con la Fecam se enmarca en la prioridad del Gobierno de abordar la crisis de vivienda, después de aprobar el pasado abril un decreto para agilizar licencias y facilitar la construcción en suelo urbano, con la colaboración de los ayuntamientos y del sector privado.
Por su parte, la patronal de la construcción de Tenerife ha reclamado a las administraciones municipales mayor agilidad en la tramitación de expedientes, al considerar que la lentitud burocrática encarece los proyectos y retrasa la puesta en el mercado de nuevas viviendas.
Además de este debate, la agenda política del martes incluye otro encuentro clave: el Ejecutivo regional se reunirá con los portavoces parlamentarios para fijar una posición común frente al modelo de financiación autonómica y la condonación de deuda que plantea el Gobierno central, una medida que, según cálculos de la administración canaria, supondría para las islas una pérdida de más de 1.700 millones de euros. Canarias abre la vía legal para que los ayuntamientos limiten la compra de vivienda por parte de extranjeros.