Los vecinos del Edificio Pelayo, en Puerto del Rosario, han alzado la voz para denunciar el incumplimiento de las condiciones establecidas para las viviendas privadas con protección oficial promovidas por la empresa Bonete Garden.
La compañía recibió una subvención pública cercana al millón de euros por parte del Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI) para finalizar la promoción de 56 viviendas, presentadas como una solución asequible para familias con dificultades económicas.
Sin embargo, según los residentes, la realidad dista mucho de lo prometido. «Nos sentimos engañados. Nos dijeron que serían alquileres asequibles, pero al firmar el contrato nos encontramos con precios mucho más altos de lo anunciado», denuncian desde la Plataforma Vecinal del Edificio Pelayo.
Además, los inquilinos afirman que se les han impuesto gastos adicionales, como el mantenimiento de las zonas comunes, que, según su testimonio, se encuentran en un estado de abandono.
Las quejas de los vecinos incluyen la falta de respuesta por parte de la promotora ante sus reclamaciones. «Bonete Garden ignora sistemáticamente nuestras peticiones, no responde a los correos y no rinde cuentas sobre el destino del dinero que pagamos mensualmente», critican.
Ante esta situación, la Plataforma Vecinal ha hecho públicas sus exigencias. Los vecinos demandan el cumplimiento de las condiciones anunciadas por el Gobierno de Canarias, asegurando que las viviendas mantengan los precios de alquiler que fueron difundidos inicialmente y que no se apliquen cargos adicionales injustificados.
Asimismo, exigen transparencia sobre el uso de los fondos públicos otorgados a la promotora Bonete Garden, considerando fundamental que se esclarezca en qué se ha invertido el dinero destinado a esta promoción de viviendas privadas con protección oficial.
Además, reclaman explicaciones inmediatas tanto por parte de la promotora como del Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI), con el objetivo de que las administraciones competentes asuman su responsabilidad en el seguimiento de este proyecto y respondan a las inquietudes de los afectados.
Por último, los vecinos insisten en la necesidad de un mantenimiento adecuado del edificio, acorde con los pagos que realizan mensualmente. Denuncian que las zonas comunes se encuentran en condiciones deficientes y que la falta de atención por parte de la promotora agrava la situación de quienes residen en el inmueble.
«Esta situación es un ejemplo más de cómo, bajo el amparo de las Viviendas de Protección Oficial, se permite el abuso de empresas privadas que juegan con las necesidades de las familias más vulnerables. Los vecinos no se van a callar», denuncian los afectados.