El Consejo de Gobierno de Canarias acordó esta mañana remitir al Consejo Consultivo el anteproyecto de ley para la delimitación gráfica del asentamiento rural de Cofete, con el objetivo de salvaguardar la conservación de este histórico núcleo poblacional majorero. De esta forma se establece la seguridad jurídica demandada por el vecindario, hasta la aprobación definitiva del nuevo Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural de Jandía, por parte del Cabildo Insular de Fuerteventura.
Según informó el consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, Manuel Miranda, está previsto que este texto legislativo extraordinario se tramite a la mayor brevedad posible en el Parlamento de Canarias como ley de lectura única, lo que permitirá agilizar su entrada en vigor.
El Gobierno cumple así con el compromiso adquirido con las familias de este caserío que, con más de doscientos años de historia, quedó fuera de ordenación tras la anulación del anterior Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural de Jandía, confirmada por el Tribunal Supremo en el año 2013.
El documento, cuyos criterios de elaboración se aprobaron el pasado 22 de abril en Consejo de Gobierno, delimita Cofete atendiendo a la situación en el año 1994, cuando el entorno se declaró Espacio Natural Protegido y se garantizó la compatibilidad de las edificaciones preexistentes. Así, la cartografía y ortofotos de aquel año, que obran en poder de la Consejería, han servido como base para la elaboración de dicha delimitación. La Ley 6/2009 de medidas urgentes en materia de ordenación territorial reconoció como preexistente este asentamiento rural, considerando en su disposición adicional novena su compatibilidad con el Parque Natural. Lo hizo también para la localidad del Puerto de la Cruz, en la misma zona, que sí fue delimitada y regularizada en su momento.
Esta normativa, consensuada con el Cabildo Insular, el Ayuntamiento de Pájara y los propietarios, será incluida en el futuro plan rector que recogerá su delimitación y el equilibrio entre los intereses vecinales y la protección del medio en el que se encuentra.
Se prevé que sea informada por el Consejo Consultivo en un plazo que no debería superar los treinta días, momento en el que se remitirá al Parlamento para continuar su tramitación como ley de lectura única. Esta fórmula, que se aplica a aquellos textos cuya especial naturaleza o simplicidad de formulación así lo permita, acorta los plazos de su tramitación. Esto se consigue mediante la apertura de un plazo común de enmiendas a la totalidad y al articulado, y la omisión de los debates en ponencia y en comisión. Así, la iniciativa y, en su caso, las enmiendas presentadas se debaten y se votan directamente en el Pleno de la Cámara.