La consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, Jéssica de León, ha confirmado esta mañana que su departamento trabaja en dar una respuesta adaptada a la Ley del Turismo. «¿La ley actual responde a la realidad de Canarias? No, definitivamente no, ni a la pasada ni a la actual porque la inseguridad jurídica existe tanto para el propietario como para el explotador», aseguró De León en una interpelación en la Cámara regional, donde pidió «sumarse a las soluciones y tener altura de miras. Nos necesitan los propietarios, pero también el futuro turístico de Canarias» porque, como explicó, «la actual normativa cumple más de treinta años, periodo de tiempo en el que el sector turístico ha cambiado profundamente».

De León, se refirió también al principio de unidad de explotación, señalando que «no estamos eliminando la gestión unitaria, ni la especialización turística, ni renunciando al control, ni hablando de residencialización completa. Estamos creando un instrumento más eficaz para garantizar la calidad de los establecimientos, la homogeneidad de los servicios, la competitividad del destino y la sostenibilidad territorial y, al mismo tiempo, atender la realidad de los municipios, reconocer las segundas residencias y dar seguridad al propietario».

Además, añadió que «no es un problema creado por este Gobierno, estamos ante una realidad que todas las administraciones conocen desde hace doce años, complejos turísticos con múltiples propietarios, conflictos permanentes entre residentes y explotadores, procedimientos sancionadores, recursos judiciales y situaciones enquistadas que nadie ha sido capaz de resolver», manifestó.

Para revertir ese escenario, la Consejería plantea un modelo que se ajuste a la casuística de las islas. Así, la nueva Ley de Turismo que impulsa la Consejería y que sustituirá la Ley 7/1995 de Ordenación del Turismo de Canarias y fusionará la Ley 2/2013 de Renovación y Modernización Turística de Canarias, contará con la participación de todos los sectores y colectivos.

«Será una ley construida desde el diálogo. Hemos recibido un total de 745 aportaciones de representantes de asociaciones y federaciones de alojamientos hoteleros y extrahoteleros, de los sindicatos, de la Inspección de Trabajo, del Colegio Oficial de Graduados Sociales, de colectivos ecologistas. Hemos abierto las puertas de nuestra Consejería a todos los que quieran sumar y aportar sus ideas al futuro texto».

Y estableció una hoja de ruta que pasa por la colaboración institucional para fijar cuatro ejes: que los ayuntamientos especialicen el uso, permitir y reconocer las segundas residencias, identificar aquellos apartamentos que siguen explotándose turísticamente en la modalidad de vivienda vacacional y fortalecer el principio de unidad de explotación.

Hacer cumplir la ley

Durante su intervención, Jéssica de León, explicó que, en tanto se actualiza la Ley de Turismo de Canarias, la Consejería está obligada a hacer cumplir la regulación actual. «La Consejería no abusa, no echa y no persigue. La verdadera inseguridad jurídica no la genera quien intenta resolver un problema, sino que la generan décadas de inacción, litigios y conflictos sin una solución clara. Y precisamente por eso estamos actuando», aclaró.

La titular de Turismo y Empleo respaldó sus palabras en «dos sentencias dictadas recientemente por nuestros tribunales sobre la unidad de explotación y el deber de atenerse al uso«, que responde de forma «firme e inequívoca sobre el ordenamiento jurídico que nos asiste en este momento».

Además, destacó que, en relación con la supuesta consolidación del uso residencial por el transcurso del tiempo, la resolución judicial descarta la aplicación de la disposición transitoria séptima de la Ley 2/2013 si no se cumplen previamente la especialización de usos. En este sentido, la consejera, citando la sentencia de la magistrada, señaló que «no basta con residir cuatro años para consolidar, sino que es necesario que los ayuntamientos especialicen el uso con sus respectivas herramientas de planeamiento».

La responsable autonómica recalcó también el posicionamiento de los tribunales sobre el derecho de propiedad. «Como reiteradamente ha declarado la jurisprudencia constitucional, dicho derecho no tiene carácter absoluto, sino que se encuentra sujeto a las limitaciones derivadas de su función social y de las determinaciones urbanísticas y turísticas vigentes«, declaró.

Por ello concluyó señalando que «Canarias necesita una ley capaz de proteger al mismo tiempo la competitividad del destino turístico y los derechos de las personas que llevan años atrapadas en esta situación. Ese es el objetivo de esta reforma y ese es el compromiso de este Gobierno»