La vicepresidenta del Gobierno, Teresa Ribera, ha recalcado este jueves que la transferencia de la gestión de costas a Canarias no va a cambiar la ley, que seguirá afectando, por tanto, a una parte del Hotel Riu Oliva Beach de Corralejo, al norte de Fuerteventura.

Así lo ha manifestado la también ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a preguntas de los periodistas tras participar en la presentación del inicio de las obras del Salto de Chira, la central hidroeléctrica de bombeo que impulsará el desarrollo de las energías renovables en Gran Canaria.

Ribera ha aclarado que los gobiernos central y canario «están muy avanzados en la transferencia de la gestión de costas», que podría producirse, ha dicho, «en las próximas semanas o, quizás, en el próximo mes».

En cualquier caso, ha asegurado que este traspaso competencial estará «operativo antes del verano» y tendrá un período de transición en el que el Gobierno de España respaldará en lo que necesite al Ejecutivo canario, «sabiendo que es una buena cosa que la gestión cotidiana del litoral esté próxima a quien mejor la conoce: el gobierno autonómico».

Sin embargo, Ribera ha querido «aclarar una obviedad: los gobiernos canario y de España deben actuar con arreglo a la ley».

«La Ley de costas no cambia, la gestión que haga una administración u otra debe respetar siempre la legalidad en relación con la protección del dominio público marítimo terrestre y la tutela de las servidumbres y concesiones», ha referido.

Preguntada por la situación del Hotel Riu Oliva Beach, la vicepresidenta tercera del Gobierno ha recordado que se trata de «un expediente largo en el que ha habido pronunciamientos de distintas instancias públicas y que pone de manifiesto que hay una parte de las instalaciones que es compatible con la Ley de Costas y otra que tiene problemas serios de legalidad, algo que saben sus propietarios».

«Creemos que es importante que lo que no tiene problemas se arregle, se renueve y se mantengan, pero sería muy difícil poder adoptar desde las administraciones públicas ningún movimiento que sea contrario a la norma y que adolezca de dificultades de defensa ante los tribunales», ha aseverado.

Por tanto, Teresa Ribera ha considerado que «sería un poco absurdo pensar que en función de quién tenga que tramitar la resolución final» de este expediente «vaya a producirse un cambio de planteamiento respecto de lo que se puede hacer y lo que no».