Hoy es el último día para que los autónomos paguen los 1.000 millones de euros en cotizaciones con que contribuyen mensualmente a la Seguridad Social. Son cálculos de ATA, la Asociación de Trabajadores Autónomos. Asume, para realizar esta estimación, el mínimo de cotización para quienes no se han acogido a la tarifa plana, 286 euros mensuales, y la multiplican por los 3,3 millones de autónomos que hay en España.
Si bien el Gobierno ha incluido entre sus medidas aplazamientos en el pago de impuestos, no ha sucedido igual con las cotizaciones sociales. Por ello, ATA trasladaba ayer su reivindicación de suspender las cuotas de marzo, abril y mayo. El Gobierno señala que aunque lo que se ha aprobado hasta el momento era lo más urgente, no descarta tomar más medidas.
Todas las empresas
No sólo los autónomos, todas las empresas tendrán que hacer frente al pago de las cuotas a la Seguridad Social en un momento de «hibernación» de la actividad económica. Tomando como referencia los pagos presupuestados por la Administración para los empleadores en el año 2019 (72.583 millones de euros), se estima que en un mes la factura por este concepto supera los 6.000 millones.
Pese a la posibilidad de aplazamientos que da Hacienda para el pago de impuestos, al estado de alarma y a la vuelta de tuerca que el Consejo de Ministros dio a la orden de confinamiento, hay compañías que tienen que hacer ahora frente a sus obligaciones con el fisco. Ayer vencía el plazo para hacer frente al pago del IVA de febrero. En particular, para las compañías que no pueden diferir el impuesto: las que tienen volúmenes de facturación superiores a los seis millones de euros -que tuvieron que acogerse al sistema inmediato de información de este tributo con este plazo-, así como las compañías con ingresos inferiores a esa cifra que se apuntaran a este modo de información, además de las que se incorporaron a la fórmula de devolución rápida, enumera Luis del Amo, del REAF.
Los autónomos y el resto de empresas pagan el impuesto sobre el valor añadido entre el 1 y el 20 de abril. Se trata, según Jesús Sanmartín, presidente del REAF, esencialmente, de las pequeñas empresas, las que sí pueden diferir el pago de este impuesto en hasta 30.000 euros durante seis meses y con tres meses sin intereses. De acuerdo con Sanmartín, hay mucho nerviosismo entre las compañías, que han desarrollado en las últimas semanas una actividad económica muy desigual. Y prevé que haya muchos aplazamientos en el pago, lo que, en la práctica se traducirá en cambios en lo que a los acreedores se refiere: igual algunas empresas pagan a un proveedor y, a cambio, contraen una deuda con Hacienda. Aunque los expertos del REAF declaran que no ha habido incidencias en las retenciones a cuenta de los rendimientos del trabajo efectuados por las empresas correspondientes al mes de febrero, cuyo plazo expiró el 20 de marzo. En todo caso, los expertos señalan que está habiendo muchas dificultades para hacer declaraciones fiables, porque a veces falta información «buena».

Paso a paso y según se vean las necesidades. Ante las peticiones masivas de liquidez para hacer frente a la crisis de la Covid-19, el Gobierno está ya barajando una moratoria de los pagos de cuotas a la Seguridad Social para autónomos y parte de las pymes. Según fuentes gubernamentales, el Ministerio de Economía ha dado el visto bueno a la iniciativa. Y ahora la pelota está en el departamento del ministro José Luis Escrivá, que está haciendo números con horquillas de trabajadores y plazos para analizar cuánto puede ser asumible para el sistema de Seguridad Social. Estas cifras se van a revisar en el Consejo de Ministros de este martes, y es muy posible que incluso se aprueben con carácter de urgencia.

Entre otras cosas, se está estudiando el alcance de los aplazamientos para la pequeña y mediana empresa. Todavía no se han decidido los criterios y a qué número de empresas se puede llegar. Una de las maneras de definir una pyme es por el número de trabajadores. Normalmente se suelen tomar de 250 trabajadores para abajo. Pero probablemente se cojan menos empleados como baremo para acceder a la ayuda, señalan fuentes gubernamentales.

Las patronales y los autónomos han estado reclamando estas medidas para poder afrontar la caída de ingresos que están sufriendo. Y las críticas empresariales han aumentado en especial durante los últimos días por la restricción de los despidos y el cierre de todas las actividades no esenciales. Así que el Ejecutivo ha puesto sobre la mesa este alivio que trata de aplacar los ánimos de los sectores empresariales. Hasta ahora solo habían brindado una moratoria de impuestos por valor de 30.000 euros y un programa de liquidez mediante los avales que se dará a la banca, de los cuales se han aprobado 20.000 millones ampliables a 100.000 millones.

Moratoria hipotecaria para los locales comerciales

El Gobierno tratará en el Consejo de Ministros de este martes una moratoria para las hipotecas de inmuebles en los que se realice una actividad económica, informa Hugo Gutiérrez. Según fuentes de la Administración, se trata de una medida similar a la ya aprobada de aplazamiento del pago de hipotecas de vivienda habitual para los colectivos vulnerables por la crisis del coronavirus. En este caso, el Ejecutivo busca ayudar a autónomos, profesionales y pymes, uno de los sectores más golpeados por el parón de la actividad durante el estado de alarma.

El Consejo de Ministros también decidirá sobre nuevas medidas de apoyo a los inquilinos y una prestación extraordinaria para colectivos vulnerables que se han quedado sin ayudas. En concreto, podría aprobarse la destinada a empleadas del hogar que coticen y que ya adelantó EL PAÍS. Entre los beneficiarios a los que se podrían dedicar ayudas, destacan los temporales sin cotización suficiente para tener acceso a prestaciones.

Este sería el segundo paquete de medidas para atajar la crisis económica que ha desencadenado el coronavirus. El Ejecutivo ya ha aprobado además la agilización de los ERTE, la prestación para afectados por esas mismas suspensiones temporales que no consume derecho de paro, y la prestación extraordinaria para autónomos obligados a parar su actividad o que les haya caído la facturación un 70% respecto al semestre precedente.