Todas las organizaciones sindicales de Correos en la provincia de Las Palmas, CCOO,
UGT, SL, CSIF y CGT, se han unido para denunciar que los responsables de la empresa
llevan meses suprimiendo puestos de trabajo y recortando la plantilla -27 puestos en los
últimos meses-, dentro de un plan de acción a nivel nacional está desmantelando el servicio público postal tanto en el ámbito rural como urbano. Todo ello conlleva, sobrecargas de trabajo y un deterioro de la calidad del servicio que se presta a los ciudadanos/as de las islas estando afectados ya por lo recortes realizados hasta la fecha un total de más 500000 ciudadanos/as- .

Si bien la empresa está intentando negar públicamente que se estén llevando a cabo estos
recortes, los hechos vienen a corroborar las denuncias sindicales, ya que solamente en este año 2020 se ha procedido al cierre de varias oficinas, como las sucursales situadas en el
Aeropuerto, Sebadal, Miller Bajo o la situada en El Corte Inglés. Los responsables no pueden negar tampoco que además se han suprimido puestos y secciones de reparto en las
unidades de reparto UR1, UR3, UR 4, UR 5, UR 6 y UR 9 de Las Palmas de Gran Canaria
realizadas este 23 de noviembre, y en la UR 2 en Julio, o la supresión de puestos de cartero en la  cartería de Tegueste, Tejina, La Guancha, Guía de Isora, Playa San Juan, Alcalá, Puerto Santiago y Güímar, un total de 27 puestos de trabajo suprimidos.
Todos estos recortes, junto a la supresión de decenas de contratos eventuales
aprovechando reestructuraciones de servicios, evidencian que nos encontramos ante un ERE encubierto y no declarado, por el que la empresa está evacuando personal para cuadrar gastos, aunque la consecuencia sea un inevitable empeoramiento del servicio. Lo más grave es que se está reduciendo la plantilla mientras la empresa anuncia públicamente un incremento de la afluencia de clientes en las oficinas, y que según sus propios datos, se ha producido una subida interanual de más del 16 % en volumen de paquetería en Canarias.
El malestar por estos cierres y recortes no solo alcanza a los trabajadores/as, pues a ellos sesuman los representantes políticos de diversos ayuntamientos afectados e instituciones,
que ven con gran preocupación cómo la gestión del actual presidente de la compañía
pública, Juan Manuel Serrano, está llevando al límite la prestación de un servicio público
esencial en las islas. En caso de seguir con esta política de recortes, la calidad de este servicio se degradará de manera irreversible, algo que repercutirá a peor en la ciudadanía, y que será más perjudicial en los entornos rurales de un ya de por si castigado territorio ultraperiférico. Es por este motivo que algunos ayuntamientos del archipiélago canario y cabildos han empezado a presentar mociones institucionales en defensa del servicio público de Correos, como son el ayuntamiento de la Orotava en Tenerife o el Cabildo de Fuerteventura.
 
Dichas mociones se seguirán presentando en las diferentes instituciones de las islas ya que se están manteniendo reuniones con los representantes sindicales al respecto.
Los sindicatos denuncian la desfachatez del presidente Serrano, que gasta millones en
campañas publicitarias para declarar su interés por el mundo rural, mientras la realidad es
que está degradando y condenando al abandono el servicio público postal tradicional, a
precio asequible en todo el territorio, para centrarse en trabajar exclusivamente el rentable
mercado de paquetería y logística.
El lunes 23 de noviembre tuvo lugar la primera jornada de huelga en la UD y Oficina de
Guimar, que fue secundada por el 100% de la plantilla, a pesar de un bochornoso e ilegal
intento de esquirolaje por parte de la empresa, desviando envíos que se distribuyeron desde otras unidades, e incluso personalmente por parte de algunos mandos y jefes de la propia compañía, algo que ya ha sido denunciado ante la Inspección de Trabajo.
La empresa no ha querido atender las reclamaciones de las organizaciones sindicales para
parar los recortes y buscar consensos a través del diálogo, y de hecho en su interno se sabe que está previsto seguir realizándolos, por lo que la tensión laboral acumulada ha dado como resultado que se convoquen acciones conjuntas de protesta y movilización en los centros de reparto y oficinas