El anuncio del vicepresidente y ministro de Hacienda, Arcadi España, este martes sobre la gran novedad que supone que los ayuntamientos puedan usar sus remanentes de tesorería para políticas de vivienda durante varios ejercicios ha sido recibido con alivio por la Federación Canaria de Municipios (Fecam), pero también con una advertencia: la emergencia habitacional no puede ser la única puerta para desbloquear los ahorros municipales.

El vicepresidente de la Fecam y alcalde de Agüimes, Óscar Hernández, valora la decisión como «evidentemente en positivo» por su efecto inmediato en las tesorerías municipales, ya que «ganar liquidez en los municipios da capacidad de maniobra» en un escenario de incremento de costes y presión sobre los servicios públicos, pues «disponer de recursos con certidumbre permite planificar con menos sobresaltos».

Pero el verdadero debate político que abre el municipalismo canario es que el real decreto ley aprobado por el Estado habilita un régimen excepcional para que los ayuntamientos puedan destinar el superávit de 2025 y el de los cuatro ejercicios siguientes a vivienda, sin esperar cada año una nueva autorización legal, pero no lo hace extensivo al resto de políticas sociales.

El real decreto ley aprobado por el Gobierno llega después de dos intentos anteriores, en diciembre y febrero, que no fueron convalidados en el Congreso de los Diputados. Hacienda volverá a someter ahora la medida a la Cámara Baja, con el argumento de que la actualización de las entregas a cuenta ha sido reclamada por comunidades autónomas y entidades locales para garantizar su planificación financiera. España, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, ha pedido el apoyo del PP en el Congreso para convalidar este decreto teniendo en cuenta que gobierna en la mayoría de comunidades autónomas.

El sistema de financiación autonómica opera mediante unas entregas a cuenta de los recursos tributarios que se estima que se estima se ingresarán a lo largo del ejercicio en concepto de IRPF (la tarifa autonómica) y los porcentajes que marca la ley que les corresponde del IVA e Impuestos Especiales y que el Estado central adelanta.

El Ministerio sostiene que estos recursos permiten reforzar la prestación de servicios públicos fundamentales, especialmente en ámbitos de competencia autonómica como la sanidad, la educación y los servicios sociales. España ha señalado que el Gobierno central pone a disposición de las comunidades “los mayores recursos de la historia” y ha pedido que se destinen a las prioridades de los ciudadanos.

Planes plurianuales

Para Hernández, “lo más importante el tema de vivienda”, una materia que corresponde a las comunidades autónomas, pero en la que los consistorios «están cada vez más implicados por la presión social».

El primer edil de Agüimes y número dos de la Fecam considera que esa fórmula plurianual encaja con la naturaleza de las políticas de vivienda, pues no se trata de actuaciones menores ni de gastos de ejecución rápida, sino de proyectos que requieren suelo, planeamiento, licencias, contratación, financiación y coordinación institucional:

«Estas inversiones no se pueden de ninguna de las maneras planificar a un año o dos años, y mucho menos en municipios que quieren promover vivienda pública, rehabilitar inmuebles o activar alquiler asequible».

Problemas burocráticos

De ahí que vea con buenos ojos trabajar con «la garantía de que en un plan plurianual de tres, cuatro años» y no haya que repetir «año a año la misma dinámica administrativa muchas veces absurda». Un problema que se agrava en los municipios medianos y pequeños de la llamada ‘Canarias vaciada’, que, como recuerda Hernández, «no contamos con los recursos humanos necesarios».

Por ello, el vicepresidente de la Fecam no quiere que el avance se quede en una excepción limitada a la vivienda y reclama que el mismo criterio se aplique al resto de programas de incidencia social.

Extensión a programas de incidencia social

«La mayoría de los programas de incidencia social deberían tener ese carácter plurianual que nos permita en las administraciones ser más eficientes» en dependencia, la infancia, los mayores, la inclusión o la pobreza, que «también requieren continuidad y no tiene sentido que solo la vivienda se beneficie de un marco estable».

La reivindicación enlaza con una demanda histórica del municipalismo desde la Ley de Estabilidad Presupuestaria del año 2012: poder utilizar los recursos propios cuando las cuentas están saneadas.

«Por supuesto, es positivo usar los remanentes en este caso y en el resto de inversiones, que es lo que llevamos reclamando históricamente», ya que las reglas fiscales han tratado por igual realidades muy distintas e impedido que corporaciones sin deuda movilicen sus ahorros.

Flexibilización

El vicepresidente de la Fecam rechaza ese corsé común al insistir en que «no se puede tratar igual a ayuntamientos que tengan todavía deudas importantes como ayuntamientos que no tengamos ni un céntimo de euro de deuda y tengamos recursos suficientes para afrontar políticas que, sin embargo, no podemos gastar por las reglas fiscales». Para reforzar la singularidad canaria, aporta un dato: «La media de endeudamiento por habitante en Canarias está en 80 euros y en la Península está en 314 euros».

La conclusión política es nítida. El Estado ha abierto una vía que los ayuntamientos celebran, pero que consideran insuficiente. Vivienda sí, porque la necesidad es urgente. Pero también servicios sociales, políticas de proximidad y actuaciones vinculadas a la totalidad de las competencias municipales.