La Consejería de Derechos Sociales incrementará el presupuesto de la prestación canaria de inserción (PCI) en casi dos millones de euros para destinar un suplemento de 50 euros más por cada menor de edad que integre la unidad familiar de los beneficiarios de esta ayuda social.

El Consejo de Gobierno aprobó ayer un decreto ley que modifica la ley que regula la prestación. Los cambios pretenden introducir medidas que agilicen los trámites para las renovaciones de la ayuda y, por otro lado, reforzar a las familias con menores a cargo que, además de la cuantía que les corresponden, recibirán esos 50 euros más por cada menor.

Las principales novedades que introduce la modificación de la ley se refieren a la agilización de la tramitación para reducir plazos y documentación debido a las quejas existentes sobre las largos procesos que tienen que esperar las familias vulnerables, sobre todo a la hora de renovar la prestación.

A partir de la entrada en vigor del decreto se permitirá a los ayuntamientos que puedan presentar de oficio las solicitudes de renovación que se hayan quedado fuera de plazo si permanecen las circunstancias de vulnerabilidad de las familias. Por otro lado, se agilizan las renovaciones de aquellas familias que no han cambiado sus circunstancias mediante un informe social y una declaración responsable.

De esta forma la Dirección General de Derechos Sociales, responsable de la PCI, automáticamente hace un informe favorable para que las familias continúen recibiendo la ayuda económica en el plazo más breve posible de tiempo y será con posterioridad cuando se comprobará el expediente. El hecho de que las solicitudes lleguen a la Administración autonómica con el informe favorable de las corporaciones municipales dará automáticamente el derecho a seguir recibiendo la prestación. La verificación posterior se realizará para detectar posibles variaciones de las circunstancias familiares o económicas.

El departamento que dirige Noemí Santana amplía la cobertura de la PCI mientras el Estado tramita el Ingreso Mínimo Vital (IMV) y se avanza en el borrador de la ley que regulará la renta canaria de ciudadanía, una prestación que se convertirá finalmente en un complemento de la ayuda que promueve el Gobierno central. Actualmente son más de 7.000 las familias que reciben la PCI.

Por otro lado, el Consejo de Gobierno aprobó ayer subvenciones de carácter social por valor superior al millón de euros. Se trata de tres ayudas dirigidas a financiar programas como el centro de atención a menores con problemas de conflicto social así como el mantenimiento de plazas residenciales para menores extranjeros migrantes que han aumentado ostensiblemente.
En concreto, se trata de una ayuda de 500.000 euros concedida al Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria de Tenerife para financiar parte de los gastos del programa del Centro de Atención a menores con graves problemas emocionales y de conflicto social Cango. Además, dio el visto bueno a la ayuda de 355.320 euros otorgada al Cabildo de La Palma para financiar parte de los gastos del programa de mantenimiento de plazas residenciales de menores migrantes 2020. También se informó de una ayuda que asciende a 204.400 euros, destinada al Cabildo de Fuerteventura para financiar parte de los gastos del programa también de mantenimiento de plazas residenciales de menores migrantes 2020 de la Corporación insular.