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    La juez absuelve a Manuel Miranda y Mario Cabrera en el caso de los contratos del CAAF

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     El Juzgado de lo Penal número 2 de Puerto del Rosario ha absuelto al consejero de Política Territorial del Gobierno de Canarias, Manuel Miranda, y al diputado autonómico Mario Cabrera, ambos de CC, de las irregularidades que les atribuía la Fiscalía en una serie de contrataciones realizadas por el Consorcio de Abastecimiento de Aguas de Fuerteventura (CAAF).


    En este juicio, tanto Miranda como Cabrera se enfrentaban a una solicitud de condena de diez años de inhabilitación especial para ejercer cargos públicos, ya que el Ministerio Fiscal considera que los dos habían cometido un delito de prevaricación.


    Los hechos que se juzgaban en este procedimiento se remontan al período 2007-2015, durante el segundo y el tercer mandato como presidente del Cabildo de Fuerteventura de Mario Cabrera, quien, a su vez, tuvo a Manuel Miranda en esa época como consejero de Aguas.


    La Fiscalía sostenía que tanto Mario Cabrera como Manuel Miranda habían cometido prevaricación por cómo el CAAF contrataba excavadoras y camiones cuba cada vez que tenía que afrontar una reparación de emergencia o un transporte de agua para limitar los efectos de un corte en el suministro regular.


    El Ministerio Público planteaba la sospecha de que Cabrera había llegado algún tipo de acuerdo con una cooperativa que privilegiaba a sus socios en la contratación de esos servicios, pero la juez considera suficientemente probado que el CAAF contrató tanto a cooperativistas como a no cooperativistas.


    También subraya que no hay constancia «de que ningún transportista resultase perjudicado», ni de que se dañase el interés general.


    En una sentencia a que ha tenido acceso EFE, la magistrada concluye que el sistema de contratación de ese tipo de trabajos de emergencia por parte del CAAF mientras Cabrera presidía esa sociedad pública «en todo caso buscaba la eficiencia en la prestación de servicios y no evitar o eludir el procedimiento de contratación ni los principios de publicidad y concurrencia».


    Tampoco se pretendía, añade, «impedir el acceso de cualquier persona física o jurídica que estuviese interesada» en encargarse de esas reparaciones o transportes de cubas de agua.
    La juez entiende que la acusación que planteaba la Fiscalía «parte de una ficción»: entender que había un único contrato real del CAAF con la Cooperativa de Transportistas de Fuerteventura y que luego los socios de esta presentaban facturas cada mes «a fin de fraccionar el contrato y eludir la normativa de contratación».


    «Nada de eso se ha acreditado», añade la titular del Juzgado, que ni ve irregularidades en el procedimiento, ni menos aún pruebas de que Cabrera y Miranda cometieran con ello delito alguno.


    «Cada avería que se podía producir en la extensa red de aguas de Fuerteventura era imprevisible y requería de reparación urgente. Conforme a la prueba practicada, lejos de acreditarse que se actuara con la intención de perjudicar los intereses generales o evitar la publicidad, se actuó siempre con la intención de solventar las averías que se pudieran ocasionar de la manera más rápida y efectiva y con la loable intención de que pudieran prestar sus servicios cuantos más mejor», razona la magistrada.


    Lo mismo afirma respecto a las contrataciones de transporte de agua, trabajos para los cuales, según la sentencia, se recurría a transportistas que tuvieran cubas con la autorización sanitaria exigible para mover agua con destino a consumo humano.
    Y subraya que esa forma de contratar no recibió ningún reparo ni advertencia de ilegalidad por los interventores que fiscalizaban al Cabildo de Fuerteventura y a su Consorcio de Aguas.

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