La decisión de la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, de fijar el intento de investidura de Alberto Núñez Feijóo los próximos 26 y 27 de septiembre –ese último día tendría lugar la primera votación– hará que empiece a correr el tiempo legal de dos meses para una repetición electoral que solo se celebraría en el caso de que fracase esa primera oportunidad del líder del PP y todos los demás intentos de investidura –de Pedro Sánchez o, de nuevo, de Feijóo– que se produzcan en ese periodo. Los comicios tendrían lugar el 14 de enero.

Pero el reloj de la repetición electoral ya habría echado a andar el mismo 27 de septiembre. La Constitución establece que tras la primera votación fallida empieza a correr un plazo de dos meses (60 días) en los que, en aplicación del artículo 99, si ningún candidato ha logrado ser designado se disuelven las Cortes y se convocan nuevas elecciones en un plazo de 47 días -que se acorta respecto a los 54 que hay cuando es una convocatoria ordinaria-.

La rapidez con la que el Rey había convocado la ronda de contactos con las distintas fuerzas políticas reforzaba la idea de que la investidura de Feijóo podría celebrarse la próxima semana ante el riesgo de que sucediera como en las elecciones de 2015 y 2019, que acabaron repitiéndose seis meses después. Pero, a diferencia de aquéllas, ahora con la Navidad como opción real. Finalmente no ha sido así.

La fecha de la investidura es algo que habitualmente se consensúa entre el candidato y la Presidencia del Congreso, aunque era en este caso a Francina Armengol a quien le correspondía la potestad de elegir un determinado día. Los precedentes demuestran que, salvo voluntad del aspirante, han contado hasta con más de un mes para encarar las negociaciones. Habría sido muy llamativo que ahora a Feijóo se le hubiera impuesto un plazo exprés. Máxime cuando el líder del PP ha dado un argumento sólido. Los grupos parlamentarios tienen oficialmente hasta el viernes para constituirse. Por lo que será el lunes cuando se pondrá en contacto con ellos para fijar fecha y hora para reunirse. «Obligar a un candidato a hablar con los grupos en horas o en días supondría sin ninguna duda que ese candidato parte con una posición de desigualdad con respecto a otros candidatos que pueden tener mucho más tiempo», afirmó el líder del PP.

Llevar entonces la investidura a la última semana de septiembre permitiría garantizar que las elecciones se celebrarían el 14 de enero. Con una particularidad: al tratarse de una repetición electoral, la campaña duraría sólo ocho días, y no las dos semanas habituales. Por lo que el plazo en el que los partidos políticos pueden pedir el voto comenzaría el 5 de enero, en plena víspera de Reyes, y terminaría el viernes 12, con el sábado 13 como jornada de reflexión.

Con la fecha de la investidura ya en la mano, el primer día (26 de septiembre) el candidato expone su programa y debate con los grupos por la tarde y al día siguiente. En el segundo día (27 de septiembre) se vota. Si no obtiene mayoría absoluta (176 votos) se vuelve a reunir el Congreso 48 horas después para hacer un debate más reducido y una segunda votación donde ya sirve lograr la mayoría simple -más síes que noes-.

El plazo de dos meses para disolver las Cortes corre desde la primera votación. En ese tiempo pueden celebrarse más investiduras previo encargo del Rey tras nuevas rondas.